La justicia de El Salvador confirmó ayer una sentencia de 30 años de prisión para una mujer por haber abortado, quien alegaba la pérdida de su recién nacido por complicaciones de salud. La medida desató críticas de activistas de derechos humanos.
Tras escuchar a tres médicos, el tribunal salvadoreño consideró que no hubo irregularidades en las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía, como planteó la defensa, y que Teodora Vásquez fue responsable de la muerte de su bebé en el 2007, lo que en el país centroamericano se pena como un homicidio agravado.
«El tribunal llegó a la conclusión de que la sentencia definitiva condenatoria en contra de la señora Teodora Vásquez debe de confirmarse», dijo el tribunal en su fallo.
El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más severas contra mujeres que se sometan a un aborto y contra quienes las asistan, junto a otros países donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluyendo El Vaticano, Malta, Nicaragua y República Dominicana.
La defensa criticó la decisión del tribunal y consideró que la evidencia científica no fue apropiadamente analizada y que buscará un recurso de casación para revisar de nuevo el caso.
«La prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud», dijo Víctor Mata, uno de los abogados de Vásquez, tras conocer la decisión. «Es lamentable que [los jueces] no hayan tenido el criterio suficiente», agregó.
La sentencia fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que la calificó como «una profunda tragedia».
En noviembre, Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador que revisara los casos de mujeres que cumplen largas penas por supuestamente haber abortado.
Según la organización local Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de entre 6 y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto.
El Gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de que la vida de la madre esté en riesgo o sea fruto de una violación, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.
