Sobre el análisis realizado indicó que “la policía de prevención dependería funcionalmente del Intendente y orgánicamente del Ministerio de Justicia de la provincia, sin un mando claro y concreto. Es decir que la iniciativa plantea un doble comando policial que terminará atentando contra su buen funcionamiento administrativo”.

“Para que exista una verdadera descentralización de competencias debe haber un traslado del poder decisorio, de financiación y de ejecución. De lo contrario estamos en casos de desconcentración”, agregó.

Además Baro remarcó que “no solamente en materia de seguridad se observa que el gobierno provincial no genera verdaderos procesos de descentralización hacia los municipios, sino también en otras áreas como, obras públicas, producción, tributos, etc. En este sentido es que sostenemos que siempre se utiliza la desconcentración y no la descentralización”.

Al respecto de la viabilidad financiera del proyecto opinó que “si se quiere avanzar seriamente en un proyecto de estas características sería necesaria la modificación de la ley de coparticipación provincial, en el porcentual del 16,14 que le corresponde a los municipios de la masa coparticipable, y que ese incremento sea destinado y distribuido por el CUD entre los municipios adheridos al proyecto de ley”, y al mismo tiempo advirtió: “sin un aumento en las partidas que reciben los gobiernos locales y un cumplimiento estricto de las pautas previstas por la actual ley de coparticipación provincial es imposible seguir transfiriéndoles responsabilidades”.

Sobre la organización del recurso humano abocado a la nueva fuerza de seguridad, la legisladora radical consideró que “no se tienen en cuenta los problemas que ya se han planteado en el área de la salud, donde los municipios que han adherido a la ley de carrera médico hospitalaria se han visto obligados a pagar a los agentes municipales los montos salariales según las escalas provinciales, lo que no solamente ha generado diferencias injustas entre los empleados, sino también ha desequilibrado las finanzas comunales”.

Ante esta situación Baro señaló que “es indispensable prever la conformación de una policía preventiva donde no existan diferencias entre los haberes que percibe el personal, y que las mismas no signifiquen desequilibrar las escalas salariales en el ámbito de las administraciones municipales. Por estos motivos es que proponemos la creación de regímenes especiales de empleo público donde se genere en cada comuna una regulación particular para la nueva policía”.