El bloque de concejales de 1País brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires donde se detalla el desvío de fondos por parte del Municipio de Junín para la contratación de una auditoría externa.
La concejal Natalia Donati inició la conferencia diciendo que “con fecha 1 de agosto nos fue notificado por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de controlar al municipio, donde se explica que la ilegalidad de la auditoria contratada por Pablo Petrecca que además fue la excusa que utilizó para sacarme del cargo porque me negué a firmar esos gastos”.
Además, explicó que “en diciembre cuando públicamente presente el audio de una conversación con el intendente, se escuchaba que decía que podía realizar una transa para sacarme del cargo (Contadora Municipal) por negarme a firmar estos gastos. Gastos que no son gastos públicos, como lo dice claramente el informe del Tribunal de Cuentas”.
Donati también informó que se trata de una suma de más de $ 635.000 y que el Tribunal dice que “no le corresponde al Departamento Ejecutivo contratar este servicio y pagarlo con fondos públicos”.
A su vez, explicó que si Petrecca quería hacer una auditoría “la podía haber contratado y pagarla de su bolsillo”.
“Esperamos que la Justicia actúe, porque esto por ahora es algo administrativo pero se cometió un delito grave. Y que investigue si hubo corrupción. No sólo del intendente, sino también por los concejales que votaron la ordenanza con la que intentan legalizar este hecho, que son los concejales del bloque de Cambiemos, los del Frente para la Victoria y Marcelo García”, afirmó Donati.
La concejal dijo que el Tribunal de Cuentas en este informe corrobora que “todo lo que dije era cierto y que no me desvinculaban del cargo por algo que yo había hecho mal sino por no aprobar gastos que no correspondían”.
Por último, sostuvo que “a mi entender, el tribunal debe multar y exigir que devuelvan el dinero. Y además la justicia debe investigar la malversación de fondos”.
Por su parte, el concejal Patricio Fay explicó que “cuando el ejecutivo elevó al concejo este convenio ilegal, desde nuestro bloque anticipamos la ilegalidad del gasto. Además, ese expediente mientras que estaba en el Concejo fue sustraído, y funcionarios del ejecutivo sacaron el convenio que estaba en el expediente, falsificaron las fechas del convenio, para intentar darle sustento a este pago irregular que ahora el Tribunal de Cuentas confirma que es ilegal”.
“Nunca se vio en Junín una situación de esta característica pretendiendo con un delito gravísimo como es la sustracción y adulteración de instrumento público, ocular o disimular otro delito gravísimo como lo es la malversación de fondos públicos”, aseguró Fay.
Además, Fay recordó que “ese expediente que fue fraguado luego fue votado por los concejales de Cambiemos y del Frente para la Victoria. Antes de que eso suceda, hay una grabación del intendente donde anticipa que va a sobornar a los concejales del Frente para la Victoria no sólo para votar ese expediente sino también para expulsar a la contadora municipal”.
“El dictamen del Tribunal de Cuentas corrobora todo lo que venimos diciendo y denunciando. Esos 700 mil pesos que fueron malversado por el ejecutivo deben ser devueltos”, concluyó Fay.
Tribunal de Cuentas
El Honorable Tribunal de Cuentas, que es órgano de control de los municipios, rechazó los pagos realizados por el Intendente Pablo Petrecca tanto a la Universidad de Buenos Aires como varios restaurantes y hoteles.
Los contratos rechazados con la Universidad de Buenos Aires son dos, uno por $297.000 y otro por $330.000.
Mientras que también se rechazaron los gastos de hoteles y restaurantes en donde se alojaron y almorzaron y cenaron los técnicos de la universidad que hicieron la auditoría.
En total, se efectuaron pagos por $634.616 y todos fueron rechazados.
El informe del Tribunal dice en su informe:
“En virtud de que constituye materia exclusiva del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el estudio de las cuentas municipales en los aspectos legales y contables; y de los Concejos Deliberantes el control de oportunidad, mérito y conveniencia de la gestión, no corresponde que el Departamento Ejecutivo contrate “con fondos públicos” una auditoria externa, contando además el Intendente con las Oficinas de Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, con incumbencias y responsabilidades de igual naturaleza a las contratadas en los programas técnicos 1 y 2. Finalmente se deja constancia que los gastos realizados no encuadran dentro de la finalidad pública, en virtud de lo expresado precedentemente, por cuanto los mismos no debieron ser afrontados con fondos públicos sino con capital privado. (artículo 241 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires)”.
