El enojo de los productores rurales confederados del interior bonaerense con el gobierno de María Eugenia Vidal no cede: mientras planean retomar las medidas de protesta la semana próxima, ensayan un nuevo discurso para cuestionar al Ejecutivo, que hace foco en el “relato” del Ejecutivo en puntos sensibles como la inversión en obras hidráulicas.
La Carbap está furiosa por el incremento del 50 por ciento promedio en el impuesto inmobiliario, que la Legislatura aprobó hace dos semana a instancias del Ejecutivo. Pero a ese enojo, se suma el rechazo a los aumentos que se vienen dando en las tasas viales, que tal como contó esta agencia esta semana son en promedio de un 40 por ciento, de acuerdo a un relevamiento que hizo la entidad entre sus filiales, según publicó hoy el diario Extra, del Grupo DIB.
Un ejemplo de ese estado de cosas se dio el miércoles pasado en Bolívar, cuando productores irrumpieron en el recinto del Concejo Deliberante mientras se llevaba adelante una sesión para tratar el aumento de la tasa –justamente por un 40 por ciento-y se vivieron momentos de tensión, con duros cruces con los ediles, que incluyeron insultos y estuvieron a punto de degenerar en incidentes mayores.
En ese marco, Carbap aceleró las reuniones distritales para tratar la cuestión: el martes realizó una en Coronel Pringles, ayer en Henderson y hoy en General Madariaga. “En todas, recogimos el mandato de avanzar con acciones”, explicaron a esta agencia. Por eso, estiman que en la reunión del Concejo Directivo que se realizará la semana próxima en Trenque Lauquen, se aprobará un mandato para realizar protestas.
“La idea es avanzar primero con asambleas y movilizaciones a nivel local en esta primera etapa”, dieron las fuentes. La idea de Carbap es abrir una instancia de diálogo con el gobierno para tratar de morigerar el impacto del inmobiliario antes de febrero o marzo, cuando empiecen a llegar las facturas a los productores. De lo contrario, profundizarán el conflicto, inclusive con paros y otras medidas.
Pese a que el aumento ya fue aprobado en la Legislatura, en Carbap cree que aún hay resortes a los que el Ejecutivo podría recurrir para morigerar su impacto, sobre todo en materia de fiscalización. Apuestan para eso al diálogo con el gobierno, aunque por lo pronto ese intercambio está bastante reducido: solo conversan el titular de la Entidad, Matías de Velasco y el jefe de Gabinete, Federico Salvai.
De hecho, en la entidad ruralista apuntan a dos ministros por no haber encontrado las respuestas que viene buscando: el de Agroindustria, Nicolás Sarquís y su par de Economía, Hernán Lacunza. Al primero le reprochan haber prometido un aumento impositivo no mayor a la inflación y deslindar responsabilidades en la cartera económica cuando fue mayor. Al segundo, una “visión parcial de la realidad del sector”.
La tensión política no se limita al Ejecutivo. En una reunión en la que el vicegobernador Daniel Salvador intentó un acercamiento, mencionó el nivel de inversión de la provincia en obras hídricas. “No es cierto, el 60 por ciento proviene del Fondo Hídrico y el 40 por ciento restante, de préstamos del DIB”, le respondió un productor que integra el comité que controla la evolución de esos trabajos. “Las rutas, las hace Nación”, dicen también.
Ese tipo de datos será resaltado en público por los referentes de la entidad, cada vez con mayor frecuencia. Forma parte de la “denuncia de Vidal” que planean poner en marcha. “Dicen cosas que no son, nos mienten, como cuando dijeron que iban a armar una mesa fiscal, que solo se reunión una vez, el 14 de julio, lo vamos a denunciar”, dicen en Carbap.
