La marcha atrás del presidente estadounidense, Donald Trump, con la separación de familias de migrantes en la frontera con México desató hoy confusión sobre cómo aplicar las nuevas reglas y preocupación sobre si no son insuficientes, ya que los niños seguirán detenidos incluso si permanecen con sus padres.
«Estamos complacidos de que el presidente haya puesto un freno a esta política inhumana y despiadada de separar a los padres de sus chicos», dijo Peter Schey, el abogado que impulsó una demanda que resultó en un acuerdo clave que tutela el tratamiento de los niños migrantes detenidos, conocido como acuerdo Flores.
Pese al decreto presidencial, Schey dijo que le preocupaba que varios miles de niños ya han sido separados de sus familias «sin que la administración Trump tenga ningún procedimiento en vigencia para reunir a esos chicos con sus padres, muchos de los cuales ya han sido deportados», informó la cadena CNN.
Trump dijo ayer que no le gustaba ver a niños separados de sus familias y ordenó poner fin a esa práctica, cediendo a un vendaval de críticas internas y externas apenas días después de haber insistido en que no podía solucionar la cuestión por decreto, que fue precisamente lo que hizo, y que debía actuar el Congreso.
Sin embargo, también aclaró que el decreto no ponía fin a su política de «tolerancia cero», algo que reiteró hoy en una serie de tuits, y que los niños serán mantenidos en detención mientras se juzga a sus padres por el delito de ingreso ilegal al país a través de la frontera con México.
«La frontera ha sido un gran desorden y un problema durante muchos años», dijo hoy el presidente en su cuenta de Twitter. No quedó en claro qué pasará con los más de 2.300 niños separados de sus padres desde que se implementó la política de tolerancia cero, a principios de mayo.
Funcionarios dijeron que estaban trabajando para reunir a las familias tan pronto como sea posible, pero no dieron respuestas claras sobre cómo se logrará esa meta.
«Aún es demasiado pronto y estamos esperando más instrucciones», dijo un vocero del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Brian Marriot. Un consejero de la Fiscalía General, Gene Hamilton, dijo ayer que el decreto de Trump era una medida «temporal» e insistió en que la única solución definitiva al problema es una ley de inmigración integral, tal como dice el mandatario republicano, que quiere que la norma incluya la construcción de un muro en la frontera con México.
«Deberíamos cambiar nuestras leyes (de inmigración), construir el Muro (en la frontera con México), contratar Agentes Fronterizos y del ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas)», agregó Trump en Twitter.
Hamilton afirmó que el decreto de Trump es «perfectamente legal», aunque admitió que contraviene al acuerdo extrajudicial Flores, al que se comprometió en 1997 el gobierno del entonces presidente Bill Clinton y que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.
Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de California que modifique el acuerdo Flores para que el gobierno de Trump pueda «mantener juntas a las familias durante todo el proceso» judicial relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según el decreto.
La oposición demócrata cree que Trump decidió procesar criminalmente a los inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Congreso a ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los indocumentados de entrar en Estados Unidos.
El senador demócrata Tom Carper dijo que tenía dudas sobre si los padres podrán encontrar a sus hijos. «También estoy profundamente preocupado por informes de que la administración, en su apuro por mantener de rehenes a niños inocentes para exigir fondos para el muro fronterizo, no ha planeado ni dispuesto apropiadamente un proceso para reunir a las familias luego de su separación», agregó Carper, citado por la cadena ABC.
Kay Bellor, vicepresidente de la división programas del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una de las organizaciones de reubicación de refugiados más grandes de Estados Unidos, se mostró preocupado en particular por el hecho de que el nuevo decreto establece que los niños sigan detenidos, aun cuando estén con sus padres.»Aunque los chicos ya no van a ser arrancados de los brazos de sus padres con el único propósito de disuadir la inmigración, irán a prisión con sus padres. La prisión nunca es un lugar apropiado para un niño», señaló
