En septiembre de 2001 José Luis Correa fue condenado a prisión perpetua por haber sido considerado autor penalmente autor penalmente responsable de los delitos de «Homicidio calificado in criminis causa, en concurso real con robo calificado por el uso de armas y portación de armas de uso civil sin la debida autorización». El Tribunal Oral Nro. 1, integrado por los doctores Ortiz, Garelli y Vilaseca, dictó un veredicto condenatorio tras considerar probada la autoría del acusado en la muerte de Claudia Silvina Colo ocurrida el 15 de enero de 2000, en el local comercial de Rivadavia 232.
Destacaron que el asesino comenzó un obrar ilícito tendiente a apoderarse legítimamente de dinero y valores existentes en el sitio en el que se hallaba la víctima, acción que culmina con maniobras de extrangulación en la zona del cuello de Claudia Colo, realizadas con un cable o símil elemento, provocando la muerte de la misma.
Posteriormente colocó a la occisa en posición fetal, atando sus manos y sus pies, y le introdujo en dos bolsas, tamaño consorcio, color negra, de polietileno (primero en una y luego en la otra), ubicando el cadáver así cubierto a un costado de la cara lateral de la heladera, situada en la cocina del local comercial, para después huir del lugar, con los bienes que fueron objeto de la sustracción.
El cuerpo fue descubierto horas después por compañeros de trabajo y familiares, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo 16, alertado por la preocupación de la familia Colo ante la demora de la joven. mientras que Correa fue detenido días más tarde, cuando huía a bordo de un remís, en San Andres de Giles. El hecho originó una enorme conmoción en toda la ciudad por las características que lo rodearon y lo apreciada que era la victima.
El cadáver apareció dentro de dos bolsas de consorcio. Tenía signos externos de violencia y lesiones compatibles con mecanismos de muerte por asfixia por estrangulamiento.
La secretaria había recibido otros golpes en el resto del cuerpo; tenía escoriaciones en la mejilla, rodilla y otras partes y sufrió fuertes traumatismos de cráneo. Sus pies y manos estaban atadas con cables.
Según establecieron los investigadores, la joven fue asesinada y el cuerpo fue llevado a una cocina que había en las oficinas.
El lunes 17 de enero fue aprehendido José Luis Correa (por entonces de 34 años) en San Andrés de Giles, cuando se trasladaba en un remise, portando un bolso en cuyo interior había elementos sustraídos en el lugar del crimen. También le secuestraron en su poder varias llaves que después, con las pericias correspondientes, se comprobó que correspondían a la cerradura de la puerta del local de la aseguradora Unión Berckley -donde ocurrió el homicidio-, que luego de la muerte de la chica habían sido cambiadas.
Asimismo, llevaba cuatro chequeras en blanco, siete bolsas de residuo negras, una pistola calibre 22 Bersa, doscientos cheques, $ 4.500 en efectivo y cuatro DNI de ciudadanos de Chacabuco.
TRAS LA CONDENA, SE RECIBIO DE ABOGADO
Correa, quien trabajaba en sistemas informáticos cuando cometió el crimen, comenzó a estudiar Abogacía en la cárcel y ya se recibió y prestó juramento.
En 2010, estaba alojado en una unidad penitenciaria de La Plata, a disposición del Tribunal de Junín, y comenzó la carrera de Ciencias Económicas. En ese año ya accedía a algunos beneficios, como el de salidas transitorias desde las 8 hasta a las 20.
Fuentes judiciales indicaron en ese momento que Correa figura en los informes del Servicio Penitenciario como un interno «ejemplar» y con una conducta destacada.
DE CARCEL EN CARCEL
En 2014 el analista en sistemas sentenciado a prisión perpetua por el brutal homicidio de Claudia Colo, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 13 desde el penal de Sierra Chica.
En diciembre de 2013, el Juez Jorge Ariel Coppola, titular del Juzgado Correccional Nro. 3 del Departamento Judicial Junín, había denegado el pedido de libertad condicional que había solicitado José Luis Correa. Antes de Sierra Chica, Correa estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata.
En mayo de 2017, Claudia Dana, que en ese momento estaba subrogando el Juzgado de Ejecución Penal de Junín, tuvo la nefasta iniciativa de otorgarle la libertad condicional a José Luis Correa, lo que le valió a Dana la condena social en forma enérgica y contundente, como también unánime.
Inclusive el mismo intendente Pablo Petrecca recibió en audiencia a los padres de Claudia, en un respaldo enérgico y que contribuyó a que la sociedad juninense le diera la espalda a Dana
Tal fue el estupor, que intervino la misma justicia y días después, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la medida, por lo cual el asesino debió continuar entre rejas.
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