Se cumple un año de la muerte del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en la localidad de Villa Gesell y los ocho detenidos permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero a la espera del juicio oral.

El crimen, calificado como “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando, y una fuerte conmoción en la sociedad.

Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran desde el 12 de marzo del año pasado en el Pabellón 3 de la Alcaidía, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero, y están alojados juntos pero en calabozos para dos personas.

Luego de diez meses de una intensa investigación, en noviembre la fiscal Verónica Zamboni, quien siguió la causa desde el primer momento, presentó ante el juez David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell, la requisitoria de elevación a juicio contra los ocho imputados.

El pedido se deriva del análisis de casi un centenar de pruebas- la autopsia, peritajes a los celulares de los imputados, peritajes en el lugar de los hechos y otros sobre las prendas de los imputados tanto como de las víctimas, declaraciones testimoniales, registros fílmicos y fotográficos, informes de diferentes organismos y muestras de ADN- con las que la fiscal pudo determinar la participación que cada uno de los imputados tuvo en el ataque que terminó con la muerte de Báez Sosa.

Los diez rugbiers que se encontraban esa noche en Le Brique se sacaron una selfie esa misma madrugada, después de haber dejado muerto al adolescente porteño frente al boliche, donde se los ve sonrientes y con los pulgares hacia arriba. También fueron a desayunar a un local de comida rápida, y en el grupo de Whatsapp intercambiaban mensajes donde decían que la víctima “caducó”, y festejaban “ganamos”.

Qué dicen los abogados de ambas partes

Fernando Burlando, abogado de los padres del joven asesinado destacó que: «Estamos conformes con el trámite de la causa, más allá de la pandemia y de todos los procesos judiciales que se han detenido. En el caso de la investigación penal preparatoria que investiga el asesinato de Fernando, se ha llegado a una instancia donde la fiscalía solicitó clausurar la instrucción y elevarla a juicio».

El abogado señaló que «hay una suerte de accionar que pone a todos en un pie de igualdad en cuanto a la culpabilidad», pero destacó que «es cierto que hay tres personas que eran las encargadas tal vez de separar o no permitir que se auxilie a Fernando, e interpusieron golpes de puño a quienes pretendían generar este tipo de acción».

También precisó que «hay cinco personas bien identificadas que fueron los que golpearon brutalmente a Fernando hasta quitarle la vida».

Después de remarcar que no ve la posibilidad de que los detenidos puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, Burlando insistió en que «hay una pena en expectativa de la condena máxima que es la reclusión perpetua».

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Por su parte, Hugo Tomei, el abogado de los acusados descartará finalmente la opción de que los jóvenes sean juzgados por un jurado popular, porque considera que no puede garantizarse su imparcialidad debido a la difusión que tuvo el caso, así como algunos elementos del expediente.

Este cambio de estrategia deberá ser notificado al juez de Garantías de Gesell, David Mancinelli, cuando el abogado responda la notificación del requerimiento de elevación a juicio, para lo que tiene plazo hasta el 1 de febrero, cuando termine la feria judicial.

Según informó Télam, la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.

En ese sentido, Tomei planteará que el Poder Judicial es responsable de «condicionar» la renuncia al juicio por jurados, por no poner límites a las manifestaciones de la acusación, y permitir «la proliferación de opiniones» que «fundaron la condena social».

Ante este escenario, la defensa de los rugbiers considera que «solo una idea irracional» podría confiar en la imparcialidad del jurado popular.

El crimen

Según el relato de la fiscal Zamboni, basado en las declaraciones, la agresión comenzó dentro del boliche, cuando Báez Sosa, junto con tres amigos, se encontraba en la pista de baile escuchando el recital del trapero Neo Pistea, y por accidente rozó a uno de los agresores. “Fernando levantaba el dedo como que no había pasado nada”, relató en su declaración uno de los amigos de Fernando y advirtió que “este muchacho mientras se retiraba lo seguía mirando feo a Fernando”.

Más tarde, camino al baño del boliche, uno de los amigos de Báez Sosa se encontró nuevamente con uno de los agresores, con quien tuvo “un choque por la cantidad de gente que había”, según declaró frente a la fiscal. El choque dio lugar a una serie de “manotazos”, que Fernando intentó detener y que fueron el detonante que llevó a los encargados de seguridad del boliche a sacar a ambos grupos del establecimiento.

Según declaró el mismo amigo de Báez Sosa, quien recibió un golpe en la boca cuando intentó defenderlo de los golpes y patadas de los rugbiers, en varias oportunidades solicitaron ayuda a los encargados de la seguridad del boliche, quienes “estaban todos mirando, pero nadie se acercaba”.

En el texto de la requisitoria a juicio, que deberá considerar Mancinelli, la Fiscalía afirma que, una vez afuera del local, los imputados “acordaron darle muerte” al adolescente de 18 años, y para lograrlo se organizaron en dos grupos: los primeros cinco- Thompsen, Comelli, Cinalli, Benicelli, y Ciro Pertossi- fueron quienes abordaron por detrás a la víctima, dejándolo indefenso, mientras que los otros tres, Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi, posibilitaron el delito ya que, además de encerrar a Báez Sosa, “agredieron físicamente a los amigos de Fernando” que “pretendían ayudar a la víctima”. Las lesiones leves contra los amigos de Fernando también fueron incluidas en la acusación de la Fiscalía.

Tras el dictamen del fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien se mostró conforme con el planteo de la fiscal Zamboni, el juez Mancinelli pidió la intervención de las partes, el particular damnificado y la defensa, de las que hasta ahora respondieron únicamente los abogados que representan a la familia Báez Sosa, mientras que la defensa de los ocho imputados, en manos del abogado Hugo Tomei, todavía no se comunicó con el Juzgado.

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