El escándalo envuelve a Perú luego de hacerse público que autoridades del departamento de Loreto aprobaron entierros masivos de fallecidos por Covid-19 en una fosa común y nunca se lo informaron a sus familiares, que creyeron que fueron enterrados en el cementerio local.
Desde hace un año, centenares de muertos fueron enterrados un descampado de Iquitos, capital de Loreto. Meses después, las familias se enteraron de lo que sucedió realmente. Es el primer caso en Latinoamérica en que funcionarios esconden del destino de las víctimas del coronavirus.
Hasta el momento, no han explicado su accionar a la sociedad. Las familias afectadas informaron a la agencia AP que al menos 403 fallecidos fueron enterrados en ese lugar. En Perú murieron más de 53 mil personas, mientras que en Loreto son más de 1300 las víctimas-
El departamento cuenta únicamente con dos hospitales que en sus pasillos vieron morir a pacientes que no recibieron ayuda por la falta de insumos como medicamentos, oxigeno y disponibilidad de camas para su atención.
El mes pasado, desde el Gobierno Nacional ordenaron cremar a los fallecidos por el coronavirtus. Sin embargo, esto ocasionó un colapso de hornos crematorios, por lo tanto modificaron la norma que ahora permite los entierros con la presencia de al menos cinco familiares.
El escándalo se desató el 1 de junio del años pasado cuando el diario La Región de Iquitos publicó en su portada: » Muertos sin nombre y sin tumba propia», en ese entonces los primeros números indicaban que eran alrededor de 330 cuerpos enterrados en una fosa común del cementerio de San Juan.
Las otras víctimas
«Les da vergüenza que se conozca el desastre, el desorden, la falta de humanidad con que han enterrado a nuestros seres queridos», expresó Patricia Cárdenas, una de las familiares afectadas por este hecho. Su abuelo Antenor Mozombite de 80 años fue enterrado sin permiso de su familia.
El gobierno permanece aún en silencio, aunque las familias continúan visitando el descampado. Hugo Torres es el guardían del lugar, según le confirmó a AP, él ayudó a «descargar los cuerpos de un camión de la Marina de Guerra» y también colaboró en colocarlos en los pozos excavados en la tierra rojiza.
En un día podía enterrar entre 30 a 50 muertos que se encontraban en bolsas negras. «Entre cuatro agarrábamos de cada punta, si pesaba más lo hacíamos entre seis», recordó Torres. El predio es más grande que cuatro campos de fútbol.
Las primeras tumbas se realizaban de forma manual por varias personas pero con el incremento de muertos fueron reemplazados con un tractor, que realizó excavaciones en forma de rectángulo de más de 15 metros por tres de ancho. Allí dentro ponían cádaveres en dos filas.
Tras conocerse el hecho, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, firmó un documento en el que se comprometía a exhumar los cuerpos. Sin embargo, diez meses después esto no ocurrió.
En este contexto, las familias demandaron al gobierno local para obligarlos a recuperar los restos. Pero un juez falló a favor de las autoridades argumentando que la ley establece la exhumación un año y un día después del entierro. Los afectados apelarán la sentencia.
Mientras la disputa legal continúa, algunas personas asisten todos los sábados con el objetivo de visitar a su muertos. Maritza Monsón y su esposo, una pareja que abuelos que pertenece al grupo de riesto, junto a sus dos nietos de 16 y 8, visitan la tumba de los padres de los menores.
