Una ONG radicó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py , en la ciudad de Buenos Aires, contra la titular de la AFIP por no haberles informado a los contribuyentes que sus pagos de monotributo serían tomados a cuenta de la nueva actualización» de las categorías.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, fue denunciada ante los tribunales de Comodoro Py por la recategorización retroactiva que le generó a los monotributistas una deuda sorpresiva por acumulados de 6 meses.
La presentación, que quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, fue realizada por la Fundación Apolo, que acusa a la titular del organismo recaudador de los delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El viernes último, cientos de miles de contribuyentes se anoticiaron con que el monto del monotributo aumentó un 35% y que esa suba era retroactiva a enero del 2021, por lo cual, se les generó una deuda a pagar en los próximos días.
«Esta es su deuda $…». Con esta breve frase, la AFIP informa a cada uno de los 4.077.376 monotributistas la suma que deberán pagar con tarjeta de crédito o mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP).
El incremento está previsto en la Ley 27.618, Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que fue reglamentada por el organismo el 01/06.
Los denunciantes sostuvieron que «es obligación de dicho organismo estatal comunicarles a sus contribuyentes qué va a suceder durante el año para que estos sepan cuánto tienen que pagar. Pero no lo hicieron, no actualizaron los montos cuando debieron hacerlo, y esto llevó a que los contribuyentes, como nunca recibieron la comunicación adecuada, pagaran «lo que AFIP decía que había que pagar»».
Según el comunicado, en la denunciase argumenta que la titular de la AFIP «violó la propiedad privada al confiscarle la plata a los contribuyentes mediante el cobro de ese retroactivo».
«En cuanto al perjuicio que la omisión de la funcionaria y su decisión provocaron en los contribuyentes, queda muy claro que la seguridad jurídica de los monotributistas se vio afectada, y sus derechos, cercenados a partir de una certeza tributaria que no era tal», concluye.
