Envases: Máximo Kirchner propone un nuevo impuesto y ya hay rechazos

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“Propuesta anacrónica”: fuerte rechazo de las empresas de EEUU en el país al proyecto de ley de envases del kirchnerismo. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) aseguró que la propuesta no soluciona el problema de fondo y que genera más carga tributaria al tejido productivo. El proyecto, que impulsa Máximo Kirchner, propone una nueva tasa de 3% a los alimentos envasados

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su fuerte rechazo y preocupación frente al proyecto de ley de envases del kirchnerismo. Es una “propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”, destacó la cámara estadounidense.

El proyecto, que impulsa Máximo Kirchner, propone una nueva tasa de 3% a los alimentos envasados y cuya recaudación manejará, de aprobarse, el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié, otro referente de La Cámpora.

“AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”, expresó el comunicado y remarcó que las empresas nucleadas en la cámara local están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular.

“Alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación”, dijeron.

También se criticó el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, con el argumento de que no tendría en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente. “Y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”.

Para Amcham, una norma lógica para el rubro debería contemplar la responsabilidad extendida y compartida del productor, metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material e incentive a los sujetos obligados. Además, creen que es un proyecto “fácilmente atacable por su debilidad constitucional”, ya que vulnera, aseguran, derechos de las provincias porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Es una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, detallaron.

PROYECTO Y MAS CRITICAS

Como se explicó, el proyecto que impulsa el bloque que lidera Kirchner establece una nueva tasa de 3% a los alimentos envasados cuyos fondos administrará Medioambiente. El proyecto tiene dictamen en Diputados y podría ser tratado la semana próxima, antes de la renovación de al cámara baja. Juntos por el Cambio anticipó el rechazo a la propuesta.

Según la agencia oficial Télam, la iniciativa promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión. Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

“Necesitamos entonces una ley que nos permita trabajar con todo esto, que sea un modelo amplio, que logre el involucramiento de las empresas que sea sustentable en el tiempo. No estamos de acuerdo en crear un nuevo tributo, ni nos parece que los fondos los maneje exclusivamente el Estado, si con una administración mixta”, aseguró Florencia Canzonieri, Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa).

Canzonieri propuso una solución mixta, colectiva y que permita generar empleo genuino y crecimiento en la industria del reciclado. “Y por ultimo, que se pueda llegar a establecer un mecanismo de percepción en la fuente, es decir, hay algunas cadenas donde los proveedores de las materias primas son menos y en ese sentido puede resultar más simple la administración de los fondos. Esto de be ser a favor de todos y a favor del ambiente y que podamos lograr mayores niveles de reciclado”, destacó la ejecutiva.

“Lo que hay es un impuestazo, una forma de recaudar entre 100 mil y 120 mil millones de pesos por cada punto que se aplique de esta tasa variable, que va a definir Juan Cabandié como autoridad de aplicación en función de la reciclabilidad o no de los envases”, dijo hoy en declaraciones radiales, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina.

“Se dice que es un impuesto a los alimentos, pero en verdad es un impuesto a todos los envases… lo que se busca es meterse y de alguna forma estatizar todo el sistema de reciclado del país, en lugar de promover la asociación público-privada y los mecanismos de mercado que funcionan en todo el mundo. Solo cuatro países del mundo aplican una tasa ambiental como la que quiere aplicar el país. Están estatizando el sistema de una manera brutal”, dijo. 

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