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Cuatro detenidos en el marco de la investigación por falta de armas de fuego que estaban a resguardo del Ministerio Público Fiscal

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Tres hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de armas de fuego. Entre las personas que serán indagadas mañana, se encuentra un funcionario del Poder Judicial que se habría desempeñado hasta hace poco tiempo como chofer del Fiscal General y que además, conforme trascendidos, ejercía la labor de intendente del Edificio “San José”.

Además, hay un funcionario del Servicio Penitenciario que cumplía tareas en la Unidad Penal 49, pero que no involucraría “en principio, la responsabilidad institucional funcional del personal de dicho establecimiento”. Interpretando el comunicado oficial del Ministerio Público, no serían solamente armas y municiones las que oportunamente fueron desapareciendo sino que agregan que hay “otras piezas con valor comercial”.

En lo que respecta a las imputaciones –iniciales- que pesan sobre los detenidos, se destacan figuras tales como “hurto agravado”, “sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente”, “peculado” y “asociación ilícita”.

PARTE DE PRENSA DE FISCALÍA GENERAL
La Fiscalía General del Departamento Judicial Junín hace saber que, con motivo de un relevamiento cumplimentado por personal del Área de Efectos de este Ministerio Público Fiscal departamental, se iniciaron en el mes de agosto 2022, investigaciones vinculadas al que podría resultar ilícito alguno relacionado con los elementos que en calidad de efectos secuestrados a fines de abastecer la prueba de las causas iniciadas-, se resguardan en dicha área, actuaciones iniciadas por las que estuvieron a cargo del fiscal Esteban Pedernera, contando con la colaboración de personal de esta Fiscalía General departamental.

En esa faena la instrucción impulsó cumplimiento de un cúmulo de diligencias procesales que en el afán del esclarecimiento del hecho, sirvieron como soporte de una hipótesis delictiva que se rige dentro de una delictividad concreta: el hurto agravado (en términos del art. 163 del Código Penal aplicable) y la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente (conforme texto art. 255 del C.P.), el peculado (en virtud del art. 261 CP), la asociación ilícita (según lo impone el artículo 210 del CP) y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial (atento lo prevé el art. 189 bis apartado 4 del CP).

De seguido con la colaboración de la letrada Eliana Peñiñores y los letrados Lucas Mourlaas, Franco Gasparini, pertenecientes a este órgano, y personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal –delegaciones Junín, Pergamino, San Nicolás-, se instrumentaron una serie de registros domiciliarios, al igual que de vehículos y personas- en la localidad de Junín y de San Nicolás de los Arroyos-Pcia. de Buenos Aires-, que permitieron incorporar material de interés –dispositivos electrónicos entre otros-, sobre los que luego se cumplimentaron labores de extracción de dicho contenido.

Como consecuencia inmediata de lo anterior, se solicitó al Juzgado de Garantías departamental 2, a cargo de la jueza Marisa Muñoz Saggese, el otorgamiento de órdenes de detención respecto de cuatro personas – de conformidad con el art. 151 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, ejecutándose dicha instancia en fecha 9/2/23, respecto del agente judicial Germán Néstor Villar y de los ciudadanos Miguel y Franco Santillán y Nora Ledesma.

Para mayor abundamiento, debe clarificarse que, en el caso de Villar, nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa al Área de Efectos secuestrados, como también que la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial, según los indicios relevados hasta el momento. En el caso de Miguel Santillán, se trata de un agente penitenciario en actividad, que cumplimenta sus tareas en la Unidad Penal 49 de esta localidad pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría- en principio, la responsabilidad institucional funcional del personal de dicho establecimiento. Las restantes personas, con domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, resultaron hermano y madre del recién mencionado Santillán.

Por último, el día viernes 10 de febrero en horas de la mañana y en la sede del Ministerio Público Fiscal (Edificio “San José”), se procederá –por orden del fiscal Esteban Pedernera- a recibirle la correspondiente declaración como imputados a todas las y los detenidos (art. 308 C.P.) Firma el documento, la Secretaría General, Fiscalía General del departamento judicial Junín.

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