El presidente Mauricio Macri y su Gabinete definían esta mañana los detalles finales de la propuesta que le realizará el Gobierno mañana a la CGT para intentar desactivar el paro nacional que la central obrera convocó, sin fecha. Tal como trascendió, la oferta oficial será restringida: el Ejecutivo pagará un bono de fin de año de entre 500 y 1000 pesos a beneficiarios de AUH y jubilados con haberes mínimos y eximirá al medio aguinaldo del impuesto a las Ganancias, con un tope salarial de entre 40.000 y 45.000 pesos brutos.
La propuesta contrasta con el reclamo de los gremios, que querían implementar un bono de fin de año para todos los trabajadores, de al menos 2000 pesos, para compesar la pérdida de poder adquisitivo ante el avance de la inflación. El Estado Nacional y las provincias hicieron saber que no están en condiciones de afrontar el pago de esa compensación en la administración pública y que los sindicatos deberán negociar con los empleadores privados sector por sector.
«Hoy es imposible pagar un bono de fin de año», dijo el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, a radio La Red. «Hemos tenido charlas entre algunos gobernadores sobre este tema y vemos que no estamos en condiciones de hacerlo», remarcó.
Ante ese escenario, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén «Cholo» García, dijo a Télam que su organización planteará el jueves la realización del paro nacional de actividades, como parte de un plan de lucha «hasta que se logre revertir el deterioro de las condiciones de los trabajadores argentinos».
Pero ese ánimo no es uniforme en la CGT. Pablo Moyano, el dirigente Camionero, es el más enfático a la hora de hablar de paro. Su padre, Hugo Moyano, envía señales en ambos sentidos. Y el triunvirato que conduce la CGT aminora los ánimos. Carlos Acuña, secretario general que responde a Luis Barrionuevo, dijo a Ámbito Financiero que el acuerdo con el Ejecutivo sería viable «si hay bonos para loois que más lo necesitan, jubilados, y palnes, y la compensación por Ganancias».
El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, consideró que «ya es un poquito tarde para poder parar esta situación, si no hay acuerdo está a la vista que va a haber un paro». Aunque consideró que la huelga «sería una descarga, pero no será una solución, la solución es sentarse todos en una mesa». Fernández es uno de los sindicalistas que se opone a avanzar con la medida de fuerza mientras haya canales de diálogo con el Gobierno.
SECTOR POR SECTOR
La oferta del Gobierno, que se oficializará mañana en el Ministerio de Trabajo, mejorará el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y de la mayor parte de los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias. Sin embargo, 1,3 millones de empleados registrados está alcanzado por ese tributo sobre un total de casi 10 millones de trabajadores en blanco. El resto sólo recibirá un pago extra si cada gremio así lo negocia con su sector empleador. En cuanto a los trabajadores informales, el beneficio adiciional dependerá de si están alcanzados por planes sociales.
Las negociaciones entre empresas y sindicatos se anticipan duras. Si bien el sector bancario se mostró predispuesto a pagar la compensación, se trata de una práctica habitual en ese sector. Otros empleadores se oponen. Así lo manifestó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vice de la UIA. «Cualquier alternativa de bono no puede llegar impuesta al sector privado, desde el punto de vista de alterar lo convenido en paritarias, porque significaría mayores costos», dijo. «Las economías regionales, desde ya lo digo como presidente de la Copal, no pueden afrontar más cargas de las que ya tienen», agregó.
GANANCIAS 2017
El Gobierno presentará mañana a los gremios el borrador del proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que negoció con las provincias y que se trataría en el Congreso hacia fin de año. El mínimo no imponible subiría entre 15 y 17 por ciento y cambiarían las alícuotas.
Pagarán el tributo más trabajadores, pero la mayoría de los salarios pagarán menos que en la actualidad, según las estimaciones del Ejecutivo. Las nuevas alícuotas serían de entre 5 y 44 por ciento.
