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El juicio oral y público más esperado… que no va a ser… “las partes acordaron un abreviado”

Si alguien en la comunidad estaba esperando conocer el paso a paso del debate oral y público anunciado para mañana, 7 de mayo, donde se debía ventilar la investigación llevada adelante en el marco de la sustracción de decenas de armas de fuego que se encontraban a resguardo del Ministerio Público Fiscal, lamentamos informar que se va a quedar con las ganas.

Locales

No habrá juicio oral y público. Las partes acordaron un juicio abreviado en el día de ayer y sólo se tendrá acceso a la sentencia del Tribunal Oral Criminal 1 del Departamento Judicial Junín.

Como fuera informado, el debate iba a comenzar mañana y echaría luz sobre la maniobra realizada por cuatro personas, tres hombres y una mujer, para hacerse de armas, municiones, dispositivos electrónicos y luego, presuntamente, comercializarlas.

La investigación había comenzado en el 2022, cuando algunas personas comenzaron a acercarse al edificio San José, con la intención de recuperar por la vía legal, armas que les habían secuestrado en distintos procedimientos pero les iban informando que ya no estaban.

Con el avance de las diligencias habían surgido los primeros indicios sobre los involucrados, varios de los cuales iban a llegar al juicio oral en el Departamento Judicial Junín.

Seguramente, durante el debate, se iba a poder conocer con precisión la cantidad de armas robadas, las municiones y otros elementos. El destino de las mismas, si a lo largo del tiempo algunas aparecieron en distintos hechos delictivos y de haber sido así, en el marco de cuáles.

En el marco del debate podrían haberse conocido declaraciones testimoniales, escuchas telefónicas –que las hubo y muchas–, análisis de mensajería de los teléfonos intervenidos, grado de responsabilidad de los imputados.

Es posible también que en el marco del juicio oral surgieran otras circunstancias dignas de ser conocidas para el ciudadano de a pie.

Ahora, frente a la resolución acordada entre las partes, con suerte llegará a manos del periodismo, la sentencia a imponer a Néstor Germán Villar, por entonces una suerte de superintendente del edificio que ocupa el Ministerio Público Fiscal; a Miguel Ángel Santillán –ex funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense–, Franco Nicolás Santillán y Elva Nora Ledesma.

Las acusaciones encuadraban en considerarlos autores de los delitos de hurto agravado, sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, peculado, asociación ilícita y entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas de valor comercial.

Aquella maniobra detectada en 2022 ocasionó profunda conmoción no sólo en la comunidad, también en el ámbito de la justicia.

Quedan ahora muchas dudas. ¿A dónde fueron a parar las armas?, ¿es real que se habrían llegado a comercializar en San Nicolás, ciudad cercana a una de las localidades más “calientes” de la Argentina como lo es Rosario?, ¿hubo más responsables, por acción u omisión?, ¿los trapos sucios se lavan en casa?

Preguntas sin respuesta, una vez más, para una ciudadanía que tiene motivos de sobra para descreer.

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