Créditos de ANSES: el proyecto que podría reactivar préstamos millonarios y cambiar el acceso al financiamiento

Cómo funcionan los créditos de ANSES que otorgan hasta $1.500.000 y quiénes pueden acceder

La propuesta está orientada a más de diez millones de personas que hoy cuentan con acceso limitado al crédito formal. Entre los potenciales beneficiarios se incluyen titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con ingresos bajos, beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A a D.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el dinero no sería entregado directamente a los solicitantes. En cambio, la propia ANSES transferiría los fondos a los acreedores correspondientes para cancelar deudas con tarjetas de crédito, entidades financieras o incluso préstamos informales.

Cómo acceder a los prestamos de ANSES

El trámite se realizaría de forma completamente digital a través de la plataforma Mi ANSES, donde cada solicitante deberá declarar sus obligaciones pendientes. En cuanto a las condiciones del crédito, el proyecto establece que la tasa se fijaría en TAMAR más diez puntos porcentuales, con la intención de que resulte inferior al costo promedio de los préstamos comerciales.

Además, el monto de las cuotas no podrá superar el 30 % del ingreso neto del beneficiario. El límite de 1,5 millones de pesos también se actualizaría automáticamente de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. El sistema incluiría controles electrónicos y auditorías automáticas para verificar que los fondos se utilicen efectivamente para cancelar las deudas declaradas. Para eso, se prevén cruces de información con bancos y emisores de tarjetas, además de mecanismos para detectar irregularidades y aplicar sanciones.

El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso: primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Sus impulsores estiman que, si obtiene aprobación, podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026. También se anticipa que el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será uno de los puntos centrales del debate legislativo.