El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) ha eliminado las normativas que imponían límites a los precios y restringían los aumentos mensuales en las tarifas de internet, telefonía celular y cable.
El Gobierno desreguló las tarifas de telefonía móvil, internet y cable
Esta decisión surge después de que las compañías de telecomunicaciones obtuvieran un fallo favorable que les permite dejar de ser consideradas servicios públicos.
A través de la Resolución 13/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, ENACOM ha eliminado las regulaciones implementadas por la anterior gestión de Claudio Ambrosini, que establecían un tope del 5% a 10% para los aumentos mensuales. Esta medida se enmarca en el DNU 70/2023, que busca la desregulación de la economía, y elimina resoluciones dictadas entre 2020 y 2023.
El documento lleva la firma del interventor Juan Martín Ozores, consultor y ex empleado de Movistar, y los interventores adjuntos Patricia Roldán, abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, ex director del ENACOM durante la presidencia de Mauricio Macri.
La decisión se produce tras la publicación de un estudio de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) que reveló que el 67,5% de los hogares argentinos han tomado medidas para reducir el costo de su servicio de internet fijo en medio de la recesión, y el 65,3% ha hecho lo mismo con el servicio de televisión paga.
Las empresas de telecomunicaciones ganaron la batalla judicial contra el DNU que las declaró servicio público
Un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este lunes una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaró la nulidad del Decreto 690/2020. Este decreto establecía que «los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».
La decisión judicial fue el resultado de un planteo original de la empresa Telecom Argentina, que presta servicios de telefonía, cable y acceso a internet. Telecom cuestionó la constitucionalidad del decreto y argumentó que, antes de su implementación, podían fijar libremente los precios. Además, rechazó las restricciones impuestas por la categoría de «servicio público».
Los jueces de la Cámara afirmaron en su fallo que para declarar una actividad como un servicio público se requiere de una ley del Congreso, lo que invalidó el decreto presidencial.
Seguir Leyendo:
LO MÁS DESTACADO
