Fallo clave en EE.UU.: ordenan a Argentina entregar el 51% de YPF a beneficiarios del juicio por la expropiación

Un fallo histórico de la Justicia de Estados Unidos vuelve a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional. La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó al Estado nacional entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. El país ya había sido condenado a pagar más de USD 16.000 millones en este proceso que lleva más de una década.

Según lo dispuesto, el Estado argentino deberá transferir sus acciones clase D a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon dentro de los próximos 14 días. Desde allí, las participaciones deberán ser giradas a los demandantes o a quienes estos designen.

Un proceso que se puede apelar

La sentencia no es definitiva: Argentina tiene la posibilidad de apelar, lo que suspendería la ejecución inmediata del fallo. Sin embargo, el hecho de que se haya dictado esta orden representa un avance significativo a favor del fondo Burford Capital, principal beneficiario de la condena, que en 2024 solicitó formalmente el control de las acciones como medida de presión en las negociaciones con el Estado.

Burford es un fondo especializado en litigios que compró los derechos de demanda a los antiguos accionistas de YPF afectados por la expropiación, y ha logrado en los últimos años varios fallos favorables contra el país. Esta nueva decisión fue calificada por expertos como “sin precedentes”, al punto que el propio Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un escrito en defensa de Argentina, invocando la inmunidad soberana.

El contenido del fallo

“El Estado argentino ha controlado las decisiones claves de YPF desde abril de 2012, ejerciendo su participación mayoritaria para elegir el directorio y aprobar las iniciativas estratégicas”, detalla el documento firmado por Preska.

El texto ordena específicamente que las acciones se depositen en una cuenta custodia de BNY Mellon, y que una vez cumplido ese paso, se transfiera la titularidad a los beneficiarios de la causa, en un plazo de 24 horas hábiles.

Consecuencias políticas y económicas

La transferencia del 51% de YPF requiere aprobación del Congreso argentino, lo cual plantea un escenario complejo. Expertos señalan que si el Ejecutivo intentara entregar las acciones directamente, debería realizar una oferta pública de adquisición, algo que el fondo demandante no busca. En este contexto, se abre una nueva fase de posibles negociaciones, hasta ahora resistidas por el Estado nacional.

Desde el entorno de Burford aseguran que el objetivo no es administrar la petrolera, sino obtener un arreglo económico favorable. Sin embargo, el fallo plantea incertidumbre sobre el futuro accionario de YPF, una de las empresas más emblemáticas del país.

El CEO de Latin Advisors, Sebastián Maril, sostuvo que “Argentina va a apelar, eso es un hecho. Pero el impacto ya está generado: desde ahora, YPF convive con el fantasma de que su propiedad pueda cambiar de manos”.

Una larga batalla judicial

El caso comenzó en 2012, tras la decisión del gobierno argentino de expropiar la mayoría accionaria de YPF que estaba en manos de Repsol. Aunque España aceptó una compensación posterior, otros accionistas minoritarios litigaron por no haber sido incluidos en esa oferta, lo que derivó en este millonario juicio internacional.

En noviembre pasado, bajo la administración de Joe Biden, el propio Departamento de Estado estadounidense había solicitado a Preska que rechazara el pedido de Burford, advirtiendo que ordenar la entrega de activos soberanos violaría leyes de inmunidad internacional. A pesar de ese planteo, la jueza avanzó con el fallo.