Justicia obliga al gobierno a restablecer pagos a beneficiarios de ANSES dados de baja injustificadamente

El gobierno de Javier Milei deberá restablecer los pagos a más de 400 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en Corrientes, tras un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que consideró «sin justificación» las bajas ordenadas por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. La medida judicial obliga a que estos beneficiarios reciban los pagos correspondientes desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024.

La resolución 17/2023, emitida el 29 de diciembre de 2023, había dispuesto la baja de aproximadamente 2.900 personas del programa, de las cuales un importante número son residentes de Corrientes. Potenciar Trabajo, integrado en el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social, ofrece un apoyo económico a personas que desempeñan actividades en sectores como albañilería, carpintería, costura, gastronomía y limpieza, entre otros.

Los beneficiarios afectados alegaron que las bajas fueron injustificadas y que se basaron en datos incorrectos o erróneos. En el fallo judicial, la Cámara Federal enfatizó la «arbitrariedad e ilegitimidad» de la decisión, la cual se fundamentó en informes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan. Dichos informes señalaban presuntas irregularidades de los beneficiarios, lo que llevó al Ministerio de Capital Humano a efectuar las bajas de manera preventiva.

Los jueces de la Cámara afirmaron en el fallo que los datos en los que se basó la resolución eran incorrectos, y declararon la ilegitimidad de la medida. “Los amparistas lograron acreditar de manera fehaciente el error o falsedad de los datos que sirvieron de sustento para el dictado de la resolución 17/2023 y, por consiguiente, su manifiesta ilegitimidad y/o arbitrariedad”, expresaron.

El fallo concluye que el gobierno debe restituir los pagos a los trabajadores afectados desde diciembre de 2023 hasta la fecha en que fueron reincorporados al programa. Esta decisión implica cuatro meses de pagos que deberán ser cubiertos por el Ministerio de Capital Humano, devolviendo así el respaldo económico a quienes fueron dados de baja de forma errónea.