Preocupación por un “aporte obligatorio” en paritarias: advierten que podría impactar en el precio de los alimentos

En el marco de las negociaciones de revisión paritaria para los empleados de comercio, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ha manifestado su inquietud por el incremento del aporte obligatorio destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según indican, este aumento, bajo el pretexto de la capacitación, no se traduce en un beneficio real para los empleados, ya que muchos no reciben formación mensual o, en algunos casos, no han accedido a capacitación alguna.

Desde 2008, los empleadores están obligados a destinar el 0.50% del salario de la categoría Maestranza “A” inicial por cada trabajador de comercio, una contribución que abarca a más de 1.2 millones de empleados. En la actualidad, el aporte previsto para agosto de 2024 es de $3.961,21 por empleado, lo que representa una recaudación anual que podría superar los $57 mil millones.

CADAM ha solicitado al gobierno que considere la eliminación de este aporte, o que al menos pase a ser voluntario, argumentando que la carga financiera podría trasladarse a los precios de los alimentos, afectando aún más a los consumidores. La entidad ha enviado cartas formales al Secretario de Trabajo y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de las discusiones sobre la reforma laboral.

Otro punto de controversia es la falta de transparencia en la administración de los fondos recaudados por el INACAP. Los comerciantes, obligados a realizar este aporte de manera mensual, no tienen acceso a una rendición de cuentas pública, lo que genera interrogantes sobre el destino y uso de estos recursos.

La administración de los fondos está bajo el control de algunos gremios empresarios, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que ha despertado sospechas sobre la gestión de esta millonaria caja.

Esta situación coloca en debate no solo el impacto de las cargas empresariales sobre los precios de los alimentos, sino también la eficacia y transparencia de las medidas destinadas a mejorar la capacitación laboral en el sector.