El Programa Acompañar, fundamental para brindar apoyo económico y psicosocial, lleva meses con pagos suspendidos. Con nuevas condiciones más restrictivas y un contexto social crítico, miles de personas vulnerables reclaman la reactivación urgente del beneficio.
Programa Acompañar: cuándo se reactivarían los pagos en 2025 y cómo afectan los cambios a las personas en situación de riesgo
En un contexto social cada vez más complejo en Argentina, el Programa Acompañar —que ofrece asistencia económica y apoyo psicosocial a personas en situación de riesgo— mantiene sus pagos suspendidos desde febrero de 2025. Mientras aumentan los casos de violencia extrema y se debilitan las redes de contención, miles de beneficiarios esperan la reactivación de este recurso vital.
La suspensión coincide con la entrada en vigor del Decreto N° 755/2024, que redujo la duración del beneficio de seis a tres meses y agregó un requisito excluyente: la presentación de una denuncia judicial o policial para poder acceder al programa. Esta modificación dificulta el acceso a la ayuda para quienes, por temor o falta de garantías, no pueden denunciar.
Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada para la reanudación, fuentes vinculadas al expediente aseguran que los pagos podrían retomarse durante marzo de 2025. El trámite administrativo sigue en curso, lo que mantiene en expectativa a quienes dependen de esta asistencia para salir de situaciones de vulnerabilidad.
Un programa esencial que enfrenta obstáculos
El Programa Acompañar fue diseñado como una herramienta de inclusión y protección integral. Otorga una asignación mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, junto con orientación y contención psicosocial a través de organismos especializados.
Desde su creación, ha sido un apoyo fundamental para mujeres y personas LGBTI+ que buscan romper ciclos de violencia. Sin embargo, la falta de pagos y las modificaciones recientes afectan directamente a las poblaciones más vulnerables.
Muchas personas incorporadas al programa antes del 26 de agosto de 2024 aún no han recibido el total del beneficio, quedando en una situación crítica: sin ingresos, sin apoyo institucional y, en varios casos, conviviendo con sus agresores. Además, la ausencia de un cronograma de pagos fijo impide cubrir gastos esenciales como alquiler, alimentos y servicios básicos.
Contexto alarmante de violencia extrema
La interrupción del Programa Acompañar ocurre en un momento donde la violencia extrema contra mujeres y diversidades alcanza cifras preocupantes. Según el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», entre enero y febrero de 2025 se registraron 52 femicidios, un asesinato cada 27 horas. Solo en febrero hubo 20 casos y 69 intentos de femicidio.
Un dato significativo: solo el 19% de las víctimas había realizado denuncias previas y apenas el 15% contaba con medidas de protección, mostrando la fragilidad de los mecanismos preventivos.
Crímenes de odio y agresiones a personas LGBTI+
También se ha registrado un aumento en crímenes de odio hacia lesbianas, activistas y personas LGBTI+. Entre los casos recientes se destacan:
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Cañuelas (29 de enero): incendio intencional en la casa de una pareja de mujeres por un agresor con múltiples denuncias previas.
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Recoleta (5 de febrero): agresión en la vía pública a una pareja por ir tomadas de la mano.
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Orán, Salta: apuñalamiento a una activista en su vivienda por un acosador virtual.
Estos hechos ocurren en un clima de creciente hostilidad social, agravado por discursos públicos que minimizan la gravedad de estas problemáticas.
Urgencia de una política pública activa y sostenida
La falta de respuestas concretas del Estado, junto con la suspensión del Programa Acompañar, agravan la vulnerabilidad de quienes más necesitan protección. Es imprescindible garantizar la reactivación inmediata de los pagos, con criterios de acceso más inclusivos y un cronograma mensual estable que permita proyectar la autonomía económica y la reconstrucción personal.
El acceso efectivo a políticas públicas como el Programa Acompañar no debe estar sujeto a demoras burocráticas ni recortes estructurales. En un país donde persisten la violencia machista y los crímenes de odio, estas herramientas deben fortalecerse para proteger vidas.