Restituyen pensiones por discapacidad y obligan a ANSES a pagar retroactivos tras un fallo federal

En una resolución que reconfigura el escenario social y jurídico, la Justicia Federal dispuso que la ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablezcan de manera urgente todas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas en los últimos meses. Además, el organismo deberá abonar los retroactivos correspondientes, lo que implica un reconocimiento explícito de que las bajas fueron ejecutadas sin el debido proceso legal.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por los defensores del Pueblo de Santiago del Estero y Catamarca, Daniel Escobar Correa y Dalmacio Enrique Mera, quienes expusieron el impacto social que generó la suspensión masiva de beneficios. Ambos remarcaron que la decisión judicial no solo repara derechos vulnerados, sino que también sienta un precedente contundente para evitar nuevos recortes arbitrarios.

El fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca analizó el caso de fondo y concluyó que las bajas se realizaron sin un procedimiento claro, afectando a personas en situación de extrema vulnerabilidad. La sentencia catalogó la maniobra como “grave” y ordenó la inmediata reincorporación de todos los titulares perjudicados, junto con el depósito de los montos adeudados.

De acuerdo con las Defensorías del Pueblo, los beneficiarios deberían ver acreditados los pagos en los primeros días de diciembre, fecha correspondiente al cronograma habitual de liquidación. Sin embargo, advirtieron que, si la ANSES no cumple con lo ordenado, impulsarán nuevas medidas judiciales para asegurar la restitución integral del derecho.

En paralelo a la cuestión central de las pensiones, los defensores abordaron otros reclamos regionales vinculados a tarifas energéticas, infraestructura vial y problemas que afectan particularmente al norte argentino. Coincidieron en la necesidad de un accionar coordinado entre provincias para enfrentar políticas que impactan de manera directa sobre los sectores más frágiles.

La sentencia no solo representa un alivio inmediato para miles de familias, sino que reafirma la importancia de un Estado garante, capaz de respetar y proteger las políticas de inclusión que resguardan a las personas con discapacidad.