Por el recorte a las universidades, ninguno de los 53 programas de 2023 sigue en funcionamiento

La educación superior en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes. Según un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el ajuste presupuestario implementado por el gobierno de Javier Milei ha alcanzado un 33% durante los primeros siete meses de 2024. Este recorte ha tenido un impacto devastador: ninguno de los 53 programas universitarios financiados por el Gobierno y que estaban activos en 2023 sigue funcionando.

El informe detalla que entre enero y julio de 2024, las transferencias acumuladas hacia las universidades sumaron $1.827.277,44 millones de pesos, lo que representa una disminución de $901.467 millones en comparación con el mismo período del año anterior. Además, el Observatorio subraya que «no hubo un solo peso de transferencia para gastos de capital (infraestructura) a ninguna universidad del país en lo que va del 2024».

El ajuste más severo se registró en junio, con una reducción del 43% interanual, influenciada por la pérdida de poder adquisitivo de los aguinaldos de los docentes universitarios. Este dato se conoce en un contexto de creciente malestar, evidenciado por el paro de 24 horas realizado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), que exigió un aumento salarial acorde a la inflación.

El impacto del ajuste fue generalizado, aunque las universidades de la Provincia de Buenos Aires fueron las más afectadas. En comparación, las universidades de CABA (UBA), Corrientes y San Juan sufrieron los menores recortes. En términos interanuales, la reducción del presupuesto universitario fue del 37% para Buenos Aires, seguida por un 34% en Córdoba, un 33% en San Luis, un 32% en Neuquén y Mendoza, un 31% en Santa Fe, un 30% en Tucumán y CABA, un 29% en Corrientes y un 28% en San Juan. Estos recortes significaron entre $262 y $18 millones menos por provincia.

Los programas afectados abarcaban una amplia gama de áreas, desde la formación docente y la federalización de políticas de ciencia, tecnología e innovación, hasta el financiamiento de programas de investigación, desarrollo de laboratorios de producción pública, y la inversión en infraestructura y equipamiento universitario. «La ausencia de estos programas implica que el Estado no está invirtiendo en áreas clave como equipamiento, infraestructura, investigación ni formación docente», concluye el informe de la UNDAV.