Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en Chile, alertó que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas, administrados en centros de salud públicos, estaban defectuosos y ordenó su retiro del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de haberla retirado, esgrimiendo que las fallas eran visiblemente detectables.
En total 111 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de aquel medicamento, algunas de ellas adolescentes, según datos de Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles).
El ISP, mientras tanto, todavía «está estudiando su posición y responsabilidad en el caso», según las autoridades.
«Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme que había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila», explicó a la prensa Estefany Cavieres, una joven de 28 años que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.
Cuando Cavieres comenzó a sentir náuseas, cansancio y dolor en sus pechos no dudó que estaba embarazada. Un error en la fabricación del anticonceptivo había truncado sus planes de vida: conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
«El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada», denunció la joven que, tras tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario.
Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y las afectadas residen en distintas regiones.
Chile avanza por estas semanas en el debate de un proyecto para despenalizar el aborto, discusión que se vio impulsada por su legalización en la Argentina a fines del año pasado.
La Corporación Miles Chile y la organización internacional Women’s Link Worldwide hicieron un llamado urgente a la Relatoría sobre el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordenen a Chile tomar medidas urgentes para resolver las problemas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.
A las mujeres que resultaron embarazadas luego de que el Estado les suministrara anticonceptivos defectuosos se les negó la posibilidad de acceder a un aborto ya que que esta negligencia farmacológica no entra dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.
Según Estefanny Molina, abogada de Women’s Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa «una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas».
La especialista opinó que no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar, no se permitió a estas mujeres abortar y finalmente tampoco se les ofreció protección a quienes no tienen recursos. «Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que, por tanto, se revise la despenalización del aborto», sentenció.
«No puede ser -concluyó Molina- que la mitad de la población en Chile quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos»
