El lunes 22, como respuesta a la agresión sufrida el pasado viernes 19 por Vanesa Segovia, docente de la Escuela Nº 46 de El Talar en Tigre, se realizó el abrazo y acto en la escuela para expresar el repudio y la solidaridad con la docente agredida. Estos hechos no deben naturalizarse. Los insultos, gritos, amenazas y golpes a una maestra, merecen el repudio y exigen la intervención de las autoridades para prevenir, asumir responsabilidades y dar solución a esta problemática.
Docentes, padres, alumnos, familias del barrio, sectores de la comunidad educativa de Tigre, una fuerte presencia del SUTEBA Multicolor, representantes de FEB, UDOCBA, ATE, Soeme y UDA, así como de Centros de Estudiantes protagonizamos el abrazo a la Primaria 46, la Secundaria 18 y el Jardín 911. Para luego movilizar a la Jefatura de Inspección a exigir respuestas y un acto de reparación institucional.
Como señalaron los docentes de la primaria 46 y la Secundaria 18, fue necesario “suspender las clases. No podemos ir normalmente a trabajar, porque no es normal que nos agredan en nuestro lugar de trabajo”. La misma decisión tomaron las jardineras del 911. La medida se resolvió para “impulsar una reflexión colectiva en contra de las agresiones a los docentes”.
Como parte de la Multicolor de SUTEBA Tigre, compartimos lo expresado en cuanto a la hipocresía del intendente y el massismo que pide encarcelar a la mamá y resolver todo dando botones antipánico a las maestras. Los funcionarios no dan respuesta. Y las que intentan, como la demonización de la madre o la insistencia en enfrentar a las familias con las docentes, no son el camino.
Denunciamos también la falta de reacción del gobierno bonaerense, sobre todo cuando el presidente Macri, su ministro Bullrich, la gobernadora Vidal y su ministro Finocchiaro promueven un discurso agresivo hacia las y los docentes, culpabilizándonos de la crisis que afecta a la escuela pública. En lugar de resolver el drama social del país que el gobierno ha PRO-fundizado.
Cuando el municipio y las autoridades de Educación (DGCyE) hacen todo para ocultar la responsabilidad del Estado, en vez de atacar las causas primarias de la violencia; la respuesta de la escuela y el SUTEBA Tigre son el camino.
10 medidas a la violencia social que se cuela en nuestras escuelas
Desde Alternativa Docente ponemos en debate 10 medidas:
Organizar el reclamo ante cada hecho, ya que no se lo debe considerar un problema individual sino social, con la movilización, el cese de tareas y convocando a paro, incluso provincial o nacional si la gravedad lo requiere. Así lo hacen los docentes y gremios en Uruguay y otros países. Exigencia a plantear a gremios como SUTEBA y la CTERA que no dan respuesta adecuada a este drama. En una postura funcional al sistema social vigente, las conducciones gremiales no denuncian el carácter social de este problema ni apuntan a las causas de fondo que debemos buscar en el sistema político, económico y social imperante que degrada a amplios sectores de la sociedad, sus relaciones y a la educación misma.
Exigir a las autoridades que preserven, resguarden y acompañen a la docente afectada por violencia tanto física, como psicológica o simbólica. Esto implica su atención personal, profesional y asesoramiento legal, donde sea la patronal la que asuma y se ocupe de la salud física y psicológica ya que el hecho se produce en el ámbito laboral. Que las autoridades adopten las medidas necesarias para aspirar a que la o el docente pueda reintegrarse a la tarea educativa, dentro del sistema, según la gravedad del caso.
Garantizar que se debata en la escuela, con la comunidad y otros establecimientos del distrito. Asegurar espacios donde se puedan construir acuerdos de convivencia y reflexión, intentando que esos espacios sean incluso regionales o provinciales para unir las problemáticas de varios establecimientos.
En ese contexto es necesario preservar también a la familia o el alumna/o afectado por situaciones dramáticas como esta, rechazando la idea de que culpabilizando a la madre, el padre o familiar, se resuelven esta problemática. Independientemente que el responsable individual de la agresión deba asumir las consecuencias de sus actos, más que una política de penalización que podría derivar en más violencia, las autoridades deben actuar en la prevención ya que éste -como otros casos- tienen su historia y se podrían evitar si las autoridades intervienen adecuadamente.
Como demanda la escuela, exigir el nombramiento de todos los cargos necesarios para poder atender la diferentes problemáticas de las escuelas, como los EOE (Equipos de Orientación Escolar) de Secundaria, bibliotecarios, horas de estímulos para la doble jornada, entre otros.
Que se ponga fin a las descalificaciones oficiales, reproducidas por medios hegemónicos y sectores de poder de una sociedad injusta y violenta como la capitalista, vertidas sobre el trabajo docente en cada oportunidad que tienen. Sólo buscan lavar la de responsabilidad del Estado, el gobierno y el sistema que genera privilegios, desigualdad y marginación.
Los mismos que critican ferozmente cada reclamo, paro o movilización docente o atacan nuestro salario, a la escuela pública y las condiciones de trabajo, plantean medidas punitivas para resolver todo, con “premios y castigos”, introduciendo la competencia y el individualismo como supuesto elemento de progreso salarial o profesional, etc. Es preciso una escuela abierta y un sistema educativo democrático, participativo y plural, revirtiendo el autoritarismo que atraviesa al gobierno de la educación.
Avanzar en un protocolo ante la violencia creciente que se cuela en las escuelas con la participación democrática de las y los trabajadores de la educación, los alumnos y la comunidad educativa.
Debatir en serio las causas de la violencia y tomar medidas sobre las partidas presupuestarias, los subsidios a la educación privada, los sueldos, las mejoras edilicias, los programas, las capacitaciones docentes de verdad y en servicio, las políticas públicas educativas y los funcionarios que las aplican.
Exigir al gobierno que se aborde realmente la inclusión, distribución de la riqueza, las políticas públicas sociales y las redes institucionales que deberían acompañar al docente. No habrá pena o prisión que la frenen si no se avanza sobre la violencia social y el sistema económico-social capitalista que la genera.
