A la búsqueda del «nene ideal»: las exigencias que traban las adopciones

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Más de la mitad de las 2.400 familias bonaerenses postuladas para adoptar solo aceptaría a niños menores de dos años, mientras que el 33% no desea hacerse cargo de grupos de hermanos, y el 53% no aceptan discapacidades o patologías. Enfrente, apenas el 1% de los niños y niñas en condiciones de ser adoptados cumple con esas condiciones.

Esta es la principal razón, asegura la Justicia, por la que los procesos de adopción en la provincia de Buenos Aires se tornan largos y dificultosos: según estadísticas oficiales, un procedimiento de este tipo puede prolongarse por un año y tres meses, aunque en el mejor de los casos se resuelve en seis meses. Todo depende del Departamento Judicial y del caso particular.

Según los datos del Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción, que depende de la Suprema Corte bonaerense, a fines del año pasado había 2.411 personas anotadas para adoptar. De ese total, 1.300 no aceptaría a niños mayores de dos años, mientras que solo 912 (el 38%) se vincularía con chicos de hasta 6 años, 138 de 10 años, y 29 de hasta 12 años.

Por otro lado, el 33% de los postulantes manifiesta al momento de anotarse que solo aceptaría tener un niño, mientras que el 59% podría vincularse con dos hermanos, y solo el 8% admitiría grupos de dos o más. Finalmente, tal como publicó hoy el diario Extra que edita la agencia DIB, el 53% de las familias inscriptas no aceptan chicos con algún tipo de discapacidad o patología, mientras que el 38% si acogería a pequeños con problemas leves de salud. Solo el 9% asegura que podría encarar un procesos de adopción de un niño con discapacidad o problemas de salud complejos.

Esta situación, según reconoce la Suprema Corte bonaerense, «plantea dificultades al momento de satisfacer el derecho de los niños y adolescentes en situación de adoptabilidad a tener una familia». Es que, si bien no hay números oficiales al respecto, especialistas en la materia y asociaciones civiles que abordan esta problemática calculan que apenas el 1% de los niños en condiciones de ser adoptados cumple con esas condiciones.

Esto se produce principalmente porque el proceso que deriva en la declaración de «adoptabilidad» de un menor pasa por varias instancias judiciales, la mayoría tendientes a agotar todas las instancias posibles de revinculación con la familia de sangre. Si bien el Código Civil establece un plazo máximo de 180 días para estas medidas de abrigo, en ocasiones se pueden renovar, y esto estira los plazos más allá de un año.

«Muchas veces los jueces priorizan la instancia familiar de origen aun en aquellos casos en que no perciben intenciones de cambio, y posponen la decisión de poner a los niños en situación de adoptabilidad no dimensionando lo perjudicial que es para ellos permanecer por un largo tiempo en una institución», afirman desde la Fundación Manos Abiertas.

Como sea, la «distancia» entre el «niño ideal» que buscan los postulantes y quienes se encuentran en situación de ser adoptados genera verdaderos dramas a uno y otro lado del proceso: por una parte, miles de familias esperando meses para acceder al trámite de adopción; por la otra, niños (muchos de ellos grupos de hermanos) aguardando encontrar una familia en institutos u hogares de tránsito.

Un procedimiento más ágil

Todas las partes coinciden que el nuevo Código Civil aceleró los procedimientos y limitó, en conjunto con la ley provincial 14.528, los plazos de la Justicia para disponer el estado de adoptabilidad de los niños. No obstante, aún quedan cosas por mejorar.

La semana pasada, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, convocó a una comisión de distintos actores del sistema judicial para impulsar modificaciones a la ley, con el objetivo de establecer mayores garantías a los derechos de los menores y acelerar los procesos de adopción.

El Subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, explicó que con este procedimiento se busca «acelerar todos los plazos que se puedan, adaptar la norma al régimen nacional y evaluar la posibilidad de remover obstáculos burocráticos que pueda tener la ley actual, siempre en resguardo de los derechos de los niños».

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