El pasado 4 de mayo APAJ presentó ante la Delegación Junín del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, una Petición Particular instando al particular Guido Lorenzino a intervenir en lo que se considera un grave perjuicio a la comunidad Rural de Junín, haciendo referencia al calamitoso estado de los caminos rurales municipales y provinciales. Siendo estos últimos, por medio del convenio de descentralización con provincia, también a cargo del municipio.
En la misma misiva se pone en evidencia tres temas. Primero, que el servicio que debe brindar el municipio es para reparación, mantenimiento y mejora de la Red Vial Rural, y que por un lado a cambio del cobro de la tasa el estado se compromete a una contraprestación del servicio que si no se presta pierde el contribuyente la obligación de abonarla. Y por otro lado, los recursos que llegan al municipio por descentralización del Impuesto Inmobiliario Rural deben ser afectados a tal efecto y sin embargo se ingresan de Libre Disponibilidad.
Segundo, se plantea la inconstitucionalidad de la tasa que se cobra con la emisión de guías para el traslado de animales, argumentando diferentes motivos como la libertad de transitar y comerciar cosas que reza en la Carta Magna; también su base imponible que es la cantidad de animales cuando debería guardar relación con el costo del servicio a cambio, con lo cual actuaría como un impuesto y los municipios tienen prohibido crearlos; también sería inconstitucional porque actuaría como una suerte de aduana interna, cosa que está prohibida; también se cobra sellos en este formulario cosa que debe hacerse sólo en un contrato o acto jurídico real; y por último, es que dicha tasa en su origen era para reparar los caminos cuando la hacienda se trasladaba por arreo, cosa desactualizada y discriminatoria.
Y tercero, que de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural vía firma de convenios entre provincia y municipio, llamados de Descentralización del Inmobiliario Rural según leyes 8071/73, 13.010/03, 13450/06 y su decreto reglamentario 130/07. Los municipios reciben fondos que son afectados al mantenimiento de los caminos provinciales, pero que en la práctica dista mucho de serlo. Y también, que debería formarse una Comisión Vial Rural para el seguimiento de la ejecución de los fondos, que tampoco se cumple.
Finalmente, lo anterior refleja que el mal estado de los caminos no sería por falta de recursos que aporta el sector, sino que son utilizados como de Libre Disponibilidad cuando deberían ser afectados. Lo cual, causa un perjuicio enorme a los productores de Junín por no poder trasladar la producción en tiempo y forma según los compromisos asumidos. Genera mayores costos de fletes por tener que realizar desvíos, pérdida de calidad de la mercadería por estar almacenados mayor tiempo del conveniente, mayores gastos de reparación de vehículos y herramientas, entre otros tantos más.
Por lo tanto, se insta al Defensor del Pueblo a convencer y persuadir al municipio de atacar la problemática de los Caminos Rurales. Corrigiendo el destino de los fondos porque es lo que marca la Ley, y también lo necesita la producción agropecuaria de Junín y sus productores.
