La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata presentó un proyecto donde le solicita a la gobernadora María Eugenia Vidal que garantice el cumplimiento de lo normado en el artículo 8° de la Ley 10.592, a través del cual se obliga al Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos a ocupar personas con discapacidad –que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo– en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.
“El Estado nacional realizó un recorte de más de 70 mil pensiones no contributivas por invalidez, manifestando irregularidades o incompatibilidades en algunos casos y en otros casos apelando a la supuesta capacidad laboral de los beneficiarios. Si bien la presión de la sociedad ante la insensibilidad de la medida forzó al Gobierno a dar una nueva marcha atrás, los funcionarios en sus declaraciones dejaron claro, en más de una oportunidad, que la acompañan ideológicamente», lamentó la legisladora por la Cuarta Sección electoral.
«Parece una burla que desde el Gobierno aseguren que los discapacitados se deben incluir en el mercado laboral, si ni siquiera el Estado nacional, o el provincial que ellos administran, cumplen con el cupo del 4% que exige la ley», cuestionó Arata.
«La medida tomada por el Estado nacional y sus propias declaraciones al respecto carecen de sensibilidad social, por lo que no podemos quedarnos al margen. Hace tiempo que venimos diciendo que el ajuste no lo pueden seguir pagando los sectores más desprotegidos, pero parece que el Gobierno hace oídos sordos a los reclamos y pedidos de la gente», afirmó la diputada massista.
Y agregó: «La norma obliga a los organismos a presentar informes sobre la disponibilidad de vacantes, y a la autoridad de aplicación a controlar dichos informes, evaluar su cumplimiento y en caso de verificar que esto no suceda, a elaborar comunicaciones dirigidas al Poder Ejecutivo y al organismo competente, para que realice las adecuaciones necesarias. Sabemos que el Legislativo no sólo es el encargado de elaborar las leyes, sino que además tiene como función controlar la tarea del Poder Ejecutivo y solicitarle acciones concretas».
«El gobierno no tiene escrúpulos a la hora de realizar los recortes presupuestarios, y como consecuencia de esto, los vecinos quedan expuestos y desprotegidos; claramente este no es el cambio que se había prometido», cerró.
