Como se esperaba en la previa, el bloque de diputados de Cambiemos logró lo que tanto anhelaba y finalmente el proyecto que presentó María Eugenia Vidal en la Legislatura para quitar los impuestos municipales a las boletas de los servicios públicos, obtuvo despacho de mayoría del plenario de tres comisiones. De esta forma, avanza la iniciativa a pesar de la resistencia de propios y extraños.
De esta forma, la sesión en la que se trataría el proyecto estaría pautada para el próximo 7 de junio en la Cámara de Diputados bonaerenses. Mientras tanto, desde la oposición están buscando alternativas para frenar la medida dispuesta por la gobernadora, pero en ese camino se estarían quedando sin municiones, a pesar de las constantes reuniones entre legisladores e intendentes.
Con la media sanción en el Senado, la aprobación no depende solamente del oficialismo, que cuenta con 44 bancas, mientras que el resto de los bloques suma 48. En este contexto será fundamental lo que suceda con el “peronismo dialoguista”, que sería de vital importancia para votar en favor de la iniciativa ansiada por Vidal y compañía.
Sin embargo, no solamente los jefes comunales de la oposición pusieron el grito en el cielo por esta virtual quita de impuestos municipales en los servicios, que reduciría la recaudación de los distritos. En las últimas horas, los alcaldes que pertenecen a la Unión Cívica Radical mostraron su descontento ante la posibilidad de que prospere el proyecto.
Así se lo hicieron saber puertas para adentro a Federico Salvai, jefe de Gabinete de la provincial, quien recibió el bombardeo de los alcaldes radicales. En ese marco, tienen un objetivo y es que en un futuro no muy lejano haya algún tipo de compensación monetaria para su distrito que pueda hacerle frente a esta merma en el dinero recibido.
El proyecto que viene con la aprobación de la Cámara Alta y tiene grandes chances de correr la misma suerte en Diputados la próxima semana reduce al 0,01 por ciento dos impuestos que actualmente se cobran en las boletas de luz y agua y que las empresas depositan directamente en las cuentas de los municipios, por algunas excepciones impositivas.
