La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, una herramienta que en la provincia comenzará a funcionar cuando la gobernadora María Eugenia Vidal lo firme.
La iniciativa que se convirtió en el último tema tratado durante la extensa sesión de Diputados que comenzó ayer para tratar un conjunto de proyectos, se votó pasadas las 3 de la madrugada y fue aprobada por 135 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones.
El proyecto que ahora fue girado al Senado para su sanción definitiva fue impulsado por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos), y tenía dictamen desde mayo pasado.
A través de la iniciativa se crea un Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales a los fines de crear en la ciudadanía mecanismos de alerta, para que cuando se produzca la liberación de un preso por este tipo de delitos, que son los que están precisados en los artículos 119 y 120 del Código Penal, el juez de Ejecución Penal tenga la obligación de comunicar la decisión al Ministerio de Justicia.
La iniciativa busca complementar la ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual y que el gobierno nacional reglamentó días atrás, ya que esa norma incluye sólo la información genética de los violadores, que no es pública.
La discusión sobre la puesta en marcha de un registro de violadores cobró un fuerte impulso tras la cruel muerte de la joven entrerriana Micaela García, violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay por un convicto que ya había sido condenado por este delito y estaba en libertad sin haber cumplido su pena.
A nivel provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal tiene a la firma un decreto –avalado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino- que dispone que los antecedentes de todas las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual dejen de ser información reservada y puedan ser obtenidos por organismos estatales, entidades y personas que logren demostrar un «interés legítimo».
