Frente a la ola de unas 2 mil amenazas de bombas en escuelas en el último mes -en nuestra ciudad entre agosto y septiembre llegaron casi al centenar- y luego que se detectara que más de un 90 por ciento de los casos fueron realizados por menores, el Gobierno bonaerense decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos que sean identificados como autores de estos hechos y así paguen los costos del operativo.
La medida de la administración de María Eugenia Vidal busca llevar a la Justicia a los tutores de quienes realicen las intimidaciones telefónicas y fue tomada luego que en un mes se registraran 1991 llamados. Si bien es un delito excarcelable, fuentes del Gobierno indicaron que el objetivo es promover una demanda por daños y perjuicios para que le hecho no quede en la nada.
En realidad, los imputados por este delito quedaron bajo la figura de “intimidación pública”, y por eso piden que los padres y directivos de los colegios adviertan a los alumnos que aquellos que hagan los llamados pueden quedar procesados en causas por las que enfrentarán penas de entre dos y seis años de cárcel.
Según la Comuna de Morón, cada operativo de evacuación de escuelas, que implica movilizar al SAME, Defensa Civil y la Brigada de Explosivos, cuesta unos 25 mil pesos. En ese sentido, las autoridades bonaerenses quieren que esos costos los paguen los progenitores de los alumnos que hagan los llamados intimidatorios.
Hasta el momento, cuatro jóvenes fueron identificados como presuntos responsables de unas 150 amenazas de bomba registradas en la zona oeste del Conurbano. Los cuatro están imputados por intimidación pública. En las últimas horas, además, un docente de la escuela Nacional de Quilmes fue detenido por la Policía acusado de realizar amenazas de bomba en el establecimiento donde trabaja. El imputado, de 54 años, está sospechado de realizar al menos una llamada el pasado 1° de septiembre en el establecimiento ubicado en el Colegio Nacional de en Sarmiento y Conesa de Quilmes, lugar donde cumple tareas laborales. El colegio tuvo que evacuarse en su totalidad hasta que personal policial especializado determinó que se trataba de una falsa alarma.
Ayer, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela «no es una broma, es un delito» y aclaró que se trata de «un acto de intimidación pública penado por la ley».
La problemática tomó interés público ante el crecimiento de las amenazas de bomba que se vienen reportando en el último mes, y tres fiscales de Morón comenzaron una investigación para determinar si hay una organización detrás, puntualmente en las escuelas del Oeste del conurbano, que derivaron en centenares de causas. «Salvo una llamada realizada a un colegio de Almirante Brown, donde se encontró una granada, las restantes alertas dieron resultado negativo», explicaron las fuentes consultadas. El hecho ocurrió en el Colegio Nacional de Adrogué y la Briga Antiexplosivos de la Policía bonaerense debió hacer explotar el artefacto
Desde la comunidad educativa también manifestaron su preocupación por las intimidaciones y la pérdida de clases y como respuesta la Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un protocolo de actuación y se envió el lunes pasado un material pedagógico para «concientizar a los chicos y a las familias».
