El intento de copamiento de una comisaría de San Justo, perpetrado por una banda que intentaba «rescatar» a un líder narco, volvió a poner sobre el tapete el «lado B» de la inseguridad: el colapso total del sistema penitenciario bonaerense.
En efecto, el mayor incremento de la tasa de encarcelamiento, que se aceleró durante la gestión de María Eugenia Vidal, no encontró en los últimos años su correlato en el incremento de la infraestructura penitenciaria: actualmente, las cárceles y comisarías bonaerenses registran una sobrepoblación del 46,3%. Esto significa que actualmente hay alojadas 43.100 personas donde solo entran 29.500. O, dicho de otro modo, que donde debería haber dos presos, hoy conviven tres.
La situación se torna más dramática en las comisarías bonaerenses: según datos del Ministerio de Seguridad, a abril de 2018 se alojaban 3.797 detenidos, cuando los camastros habilitados son 1.003. Una sobrepoblación del 278%, lo que implica que cuatro presos convivan en el lugar que, en teoría, debería ser para uno solo. Esto surge de acuerdo a datos publicados en una nota del periodista José Giménez, de la agencia provincial de noticias Diarios Bonaerenses (DIB) editada este fin de semana.
Según los números oficiales, solo 137 de las más de 400 comisarías que posee la Policía bonaerense están habilitadas para alojar presos. La Comisión por la Memoria (CPM), por su parte, denunció en las últimas horas que también se utilizan los calabozos de otras 129 que no estarían avaladas por la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, asegura que 110 de los 135 municipios bonaerenses cuenta con dependencias «sobrepasadas» en su capacidad.
Desde la CPM resaltaron que una persona puede pasar, en carácter de aprehendido, entre 24 y 48 horas alojado en una comisaría. Luego debería ser trasladado a una cárcel en carácter de detenido o, caso contrario, liberado. El secretario del organismo, Roberto Cipriano, en los últimos años «no hubo políticas públicas destinadas a revertir los problemas estructurales que venimos denunciando».
Mayor prisionalización
En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la sobrepoblación es del 38,1%, y afecta a casi 11 mil detenidos: hay 39.364 presos, pero las plazas son para 28.500.
Este fenómeno se debe, en buena medida, a una mayor acción policial: con las estadísticas delictivas prácticamente estables (los últimos datos muestran un incremento de apenas un dígito), la tasa de encarcelamiento, según el CELS, se incrementó 23% en tres años (pasó de 210 a 259 detenidos cada 100 mil habitantes).
En el SPB, la población carcelaria creció en ese período un 22% (6.500 nuevos presos), mientras que en las comisarías (la primera «puerta» al sistema penitenciario) la suba fue del 123%: pasó de 1.700 en 2015 a casi 3.800 en 2018.
Al respecto, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo esta semana que «cada vez tenemos más detenciones porque ahora la policía actúa, la policía se siente más respaldada». Sobre las plazas carcelarias, la mandataria indicó que «es un problema estructural que venía desde los últimos años en la provincia», y señalo que «se están terminando de construir alcaidías paralizadas y acondicionando calabozos de las comisarías».
Al respecto, desde el Gobierno informaron que prontamente habrá disponibles otras 372 plazas en diferentes alcaidías y unidades penitenciarias, mientras que 908 se encuentran en construcción y 450 están prontas a adjudicarse. Con todo, se trata de 1.728 lugares nuevos para un déficit de 13.600.
Remontar esa diferencia no es sencillo: según proyecciones de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia, la construcción de una cárcel para 1.700 presos demanda $2.700 millones. Para cubrir el total de plazas necesarias serían necesarios, entonces, $21.250 millones.
Radiografía de la población penitenciaria
Según datos del SPB, del total de 41.200 detenidos (se incluyen también los 1.800 con prisión domiciliaria), el 51,2% no cuenta aún con condena firme, mientras que el 42,7% son reincidentes: es decir, que ingresaron al sistema penal por más de una vez.
El 81% de la población carcelaria tiene menos de 40 años: el 9% tiene entre 18 y 21 años; el 36% entre 22 y 29 años; y una cifra similar entre 30 y 40 años.
En tanto, un tercio de los detenidos lo está por robos agravados, mientras que el 13,1% fue apresado por comercialización de drogas. En tanto, el 9,5% se encuentra preso por la comisión de homicidios dolosos, un 8,77% por robos y un 6,5% por abusos.
