Durante el gobierno de María Eugenia Vidal aumentó un 33% el número de detenidos en cárceles y comisarías de la provincia, lo que provocó una sobrepoblación del 113% en los penales y de más del 300% en las dependencias policiales.
Esta situación quedó expuesta en las últimas semanas, luego de que se declarara una huelga de hambre en varias cárceles de la provincia, en reclamo por la falta de provisión de alimentos. Durante su discurso de asunción, el gobernador Axel Kicillof se refirió al tema y advirtió sobre un nivel de sobrepoblación «jamás registrado». En el mismo sentido, el flamante ministro de Justicia provincial, Julio Alak, aseguró que la situación penitenciaria es «una deuda de la democracia», y adelantó la convocatoria a una «mesa de diálogo» para abordar el problema.
La situación dejó expuesta la grave crisis del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB), eje de numerosas intervenciones y reformas en los últimos años, y puso de nuevo en escena el complicado panorama de los lugares de encierro de la provincia.
En ese marco, ¿qué ocurrió durante la gestión Vidal? Según las estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, a fines de 2018 había 53 mil personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses, un 32,7% más que a fines de 2015. La tasa de detención pasó de 240 presos cada 100 mil habitantes a 308, mientras que la media nacional es de 194.
La exgobernadora inició su mandato con casi 40 mil personas detenidas. Entonces ya había una sobrepoblación preocupante, cercana al 35%. En la actualidad, de acuerdo a los números oficiales, los detenidos duplican la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) y cuadriplican las plazas disponibles en las comisarías.
¿Cómo se llegó a esta situación? En un duro informe publicado este año, el Tribunal de Casación Penal bonaerense apuntó la mirada sobre la modificación de la Ley de Ejecución Penal nacional, aprobada en 2017, que endureció las condiciones de excarcelación, lo que derivó en un «aumento significativo del encarcelamiento».
En efecto, el colapso del sistema de encierro durante los últimos años encuentra una de sus causas en un aumento del 27% en las detenciones: mientras que en 2015 se produjeron 35.400, a fines de 2018 se registraron más de 45 mil.
Durante los últimos cuatro años hubo un incremento en las detenciones por la Ley de Estupefacientes (pasaron del 8 al 11% del total), lo que para Casación derivó en «el encarcelamiento masivo de consumidores, incrementando exponencialmente la población carcelaria». Es que la norma dispone la detención de una persona a quien se le encuentre droga, aun cuando la cantidad indique que se trata de consumo personal. Pese a que la persona luego es liberada, siguiendo el fallo de la Corte Suprema de la Nación, puede pasar algunos días detenido, y una vez liberado la causa penal sigue su curso.
En los últimos años aumentó el número de detenidos con sentencia firme (pasó del 43,7 al 48%), pero el nivel de pesos con prisiones preventivas o condenas no firmes sigue siendo alto (52%). Además, aumentó la cantidad de días que una persona pasa detenido hasta la sentencia: pasó de 382 en 2015 a 479 en 2018.
Datos crudos
Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en 2018 «más de la mitad de las personas detenidas no tuvo un espacio adecuado para dormir». En el documento advirtieron además que «son récord las estadísticas de personas detenidas en las comisarías, que crecieron 33% en un año». Según detallaron, el 53% de las 483 comisarías bonaerenses están inhabilitadas para alojar presos, pero 113 de ellas igual lo hacían.
En tanto, el Tribunal de Casación advirtió que «el hacinamiento de personas privadas de libertad producto de la sobrepoblación que se corrobora en la mayoría de las unidades penitenciarias genera ya, inicialmente, fricciones constantes entre los internos, propiciando de ese modo situaciones de violencia, a lo que debe sumarse las dificultades para mantener condiciones regulares de higiene, el riesgo de propagación de enfermedades y obtura el acceso a las ya escasas herramientas de integración social como la educación y el trabajo».
«Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia», cerró.
