Como es de público conocimiento, en el transcurso de este año ocurrieron casos conocidos como amenazas de bomba a distintos colegios del Nivel Secundario y particularmente la Escuela de Educación Secundaria N° 7 (Ex Escuela Nacional de Comercio).
Una vez más los juninenses somos testigos de la triste imagen que genera ver a los jóvenes alumnos, docentes y auxiliares de la educación, abandonar sus actividades debido a los falsos llamados que generan esta situación indeseada por la sociedad.
Tal como ocurre habitualmente, se inicia una investigación Penal por Intimidación Pública la cual se sustancia ante la Fiscalía Federal de Junín, a cargo del Dr. Eduardo Varas.
Como resultado de las diligencias investigativas, se logró establecer la responsabilidad de los llamados, respecto de los hechos ocurridos los pasados 04 de Junio y 13 de Julio, lográndose el secuestro del teléfono utilizado para concretar las comunicaciones e identificar a los menores que realizaron las mismas.
Como consecuencia de ello, los jóvenes de 14 años fueron puestos a disposición de la Justicia Federal y notificados junto a sus progenitores sobre la formación de la Causa.
Al respecto y conforme viene ocurriendo en los casos esclarecidos en el 2017, el Fuero Federal ha sido riguroso en cuanto a las medidas adoptadas, generando ello una situación comprometida respecto de los responsables de los menores, quienes deberán afrontar multas que oscilan entre los 15 y 30 mil pesos, además del proceso por la responsabilidad de los hechos.
Se ha podido advertir que algunos jóvenes suelen ceder su teléfono a requerimiento de algún compañero que aduce realizar una llamada a un familiar y en confianza ese joven termina siendo comprometido en una causa muy grave, que por supuesto repercute en toda la familia y su situación económica a través de Fiscalía de Estado y eventualmente la inhibición de los bienes según corresponda.
Sin perjuicio de ello la Fiscalía Federal, ha solicitado en la totalidad de los casos informe a las respectivas instituciones educativas, las medidas disciplinarias adoptadas en cuanto a los alumnos responsables de las llamadas intimidatorias.
