Con ayuda de intendentes del PJ y del massismo, Cambiemos convirtió hoy en ley la reforma al régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, al tiempo que avanzó también con la eliminación de las jubilaciones de privilegio y con cambios en el sistema de exenciones a las cooperativas de la provincia.
En otra sesión dominada por la tensión y los fuertes cruces entre el kirchnerismo y el oficialismo, Cambiemos logró avanzar con la iniciativa más polémica del paquete enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal gracias a la ayuda del bloque “PJ Unidad y Renovación” en Diputados y del Frente Renovador en el Senado. En rigor, ambas fuerzas rechazaron la ley, pero facilitaron con diferentes estrategias el número para darle tratamiento.
Al igual que con el debate por la reforma previsional en el Congreso nacional, en Diputados el oficialismo logró aprobar los cambios al sistema de retiros del Bapro por la colaboración del PJ no kirchnerista. Luego de un álgido debate de varias horas, los bloques de Unidad Ciudadana, Frente Renovador, Peronismo Kirchnerista y el FIT resolvieron levantarse de sus bancas para hacer caer el quórum de la sesión.
Sin embargo, tres integrantes del “bloque de los intendentes” (Federico Otermín, Marisol Merquel y Fabiana Bertino) y una del randazzista “Convicción Peronista” (Alejandra Martínez) se quedaron en sus lugares permitiendo al oficialismo contar con el número para seguir sesionando. La votación, finalmente, terminó con 44 votos a favor y 4 en contra.
La movida expuso más que nunca la fractura del peronismo en la Legislatura: el kirchnerismo reprochó en duros términos la actitud de sus pares, con quienes compartieron listas en las elecciones de octubre. El principal blanco de los ataques fue Otermín, el delfín de Martín Insaurralde en la Legislatura. Es que el exfuncionario de Lomas de Zamora dio un encendido discurso contra la iniciativa, al alegar que no iba a “votar contra los trabajadores”. Al final del debate, su par Santiago Révora (Unidad Ciudadana) lo increpó y dijo que los integrantes de su bloque “fueron en nuestra lista de Unidad Ciudadana, pero hoy le mienten a la gente diciendo que van a votar en contra cuando fueron cómplices de Cambiemos”.
En el Senado, en tanto, quienes le allanaron el camino al oficialismo fueron los dos integrantes del Frente Renovador, José Luis Pallares y Fernando Carballo. Cambiemos necesitaba de algunas ausencias para poder tratar el proyecto “sobre tablas” con dos tercios de los votos, y ambos ingresaron al recinto una vez que ese trámite estuvo cumplido.
Ante los abucheos de sus pares de Unidad Ciudadana y otros que bajaban de los palcos, Pallares ensayó una insólita excusa: “Fui a hablar con un diputado de mi espacio para armonizar el discurso de hoy cuando me enteré que había comenzado la sesión”, sostuvo, al tiempo que acusó a sus pares de buscar “estigmatizarlos” y de hacer “especulaciones” en torno a la actitud de su espacio. Además, responsabilizó a “la interna del PJ en Diputados” de que la ley haya sido aprobada.
Finalmente, y tras un largo y trabado debate, el oficialismo impuso su mayoría de 29 votos contra 16 de la oposición.
Otro debate caldeado
Las sesiones de Diputados y Senadores se desarrollaron en medio de un clima tenso, dominado por las acusaciones del kirchnerismo a sus pares del oficialismo.
En la cámara baja, el bloque liderado por Florencia Saintout le recriminó al titular del cuerpo, Manuel Mosca, por la falta de tiempo para debatir los proyectos. Además, volvieron a pasarle facturas por los incidentes ocurridos en la pasada sesión y denunciaron que la Legislatura “se convirtió en la escribanía de Vidal”. El massismo adhirió a esas críticas y también apuntó sus cañones contra Mosca.
Fuentes de Unidad Ciudadana confesaron a DIB que la estrategia del kirchnerismo es “exponer que se están tratando temas muy perjudiciales para los trabajadores y dejar en evidencia a quienes desde el peronismo acompañan estas medidas”. En ese marco, los diputados y senadores de UC adoptaron una actitud “reglamentarista”: solicitan que las votaciones sean nominales y discuten cada paso del oficialismo.
En ese marco, el diputado Santiago Nardelli (Cambiemos) dijo que “el kirchnerismo quiere impedir las sesiones”, y acusó a sus pares de tener una “actitud obstruccionista” porque “no pueden imponer su criterio”.
El nuevo régimen
La ley aprobada hoy dispone el aumento de 60 a 65 años la edad para jubilarse, baja la tasa de sustitución (el porcentaje del sueldo activo que debe cobrar un jubilado) del 82 al 70%, cambia la movilidad, que pasa del haber correspondiente al mejor cargo al promedio actualizado de los últimos 10 años, y dispone que la movilidad ya no será por la variación salarial del empleado del banco sino por la ley de movilidad jubilatoria aprobada ayer por el Congreso Nacional.
Respecto de la edad jubilatoria, la nueva ley la aumenta gradualmente a los 65, según el siguiente esquema: 61 años en 2020 y 2021; 62 en 2022 y 2023; 63 en 2024 y 2025; 64 en 2026 y 2027 y, finalmente, 65 años antes del 2028.
Desde el oficialismo indicaron que el déficit actual de la caja jubilatoria del Bapro es de 5 mil millones de pesos. La ley procura que ese rojo no sea afrontado por el Estado provincial como ocurre actualmente, sino que sea cubierto por la propia entidad.
La principal razón del déficit es que la entidad posee 16 mil jubilados, pero solo 8 mil trabajadores activos que realizan aportes. “Ese agujero no debe ser afrontado por el resto de los contribuyentes, son sueldos jubilatorios de entre 45.000 y 150.000 pesos”, indicaron desde el Ejecutivo.
Jubilaciones de privilegio
En otro orden, la Legislatura convirtió en ley la eliminación de las denominadas “jubilaciones de privilegio”, un régimen especial que les permitía a gobernadores, vices y legisladores acceder a beneficios tales como la menor edad mínima jubilatoria, mayor tasa de sustitución y menos años de servicio. A partir del proyecto aprobado hoy, estos funcionarios ingresarán al régimen general de la Provincia, por lo que tendrán las mismas condiciones que todos los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS), que ofrece en relación un tope de edad mayor para el retiro (60 años), y una correlación menor entre el haber jubilatorio con los sueldos vigentes. Además, los años de servicio pasarán de 30 a 35, al igual que el resto de los trabajadores y pasaría de 82% a 70% en el caso del retiro con la edad mínima y de 80% si se jubilan 5 años después que la edad mínima.
Una vez promulgada, los funcionarios contemplados en la ley dejarán de percibir su jubilación bajo el régimen del 82% como sucede actualmente. La iniciativa (destacan en la Provincia) busca asegurar un ahorro del 0,1% del Presupuesto 2018.
