El bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Junín presentó un proyecto de resolución ante el Concejo Deliberante para repudiar la suspensión de la fórmula de movilidad de las prestaciones establecida por la Ley Nacional N° 27.541, que significa un ajuste a los jubilados que atenta contra el esfuerzo que hicieron durante años.
En su definición política más destacada, subrayan que “el presidente Alberto Fernández prometió durante la campaña presidencial que los jubilados y pensionados serían prioridad de su eventual gobierno, pero lamentablemente sus primeras acciones y decisiones apuntan en una dirección totalmente contraria”.
En el escrito consideran que “en 2017 el gobierno de Cambiemos puso sobre la mesa los problemas del sistema y quiso resolverlos de cara a la sociedad, de manera responsable, lo cual derivó en un intenso debate legislativo con una acalorada discusión y disturbios fuera y dentro del Congreso Nacional. Por el contrario, hoy se pretende sancionar esta normativa que va a habilitar decisiones discrecionales y arbitrarias, de espaldas a la sociedad”.
También detallan que “quienes hoy generan una reforma arbitraria, y dicen beneficiar a los jubilados que cobran la mínima, solo le están pagando $ 197 más de lo que por ley les correspondía, pero se están quedando con el dinero de todos los otros jubilados que aportaron correctamente al sistema previsional realizando un ajuste tremendo y por consecuencia generando futuros reclamos contra el Estado”. También señalaron que las demás categorías de jubilaciones llegan a percibir entre $ 365 y $ 8.038 menos de lo que les correspondía con la misma ley.
Los concejales argumentan que “la ley nacional N° 27.426 aprobada por el Congreso de la Nación Argentina en el año 2017, reformó la fórmula jubilatoria estableciendo que las jubilaciones y pensiones se pasaran a actualizar por un nuevo índice. Esta reforma a su vez, procedió a instalar un sistema de aumentos trimestrales en vez de semestrales como lo hacía la fórmula anterior, reduciendo el descubierto de los jubilados y pensionados ante los vaivenes inflacionarios que atraviesa nuestra país”.
Luego explican que “a raíz de la reforma del año 2017, los juicios del sistema cayeron a valores históricos, a la vez que se garantizó el 82% del salario mínimo, vital y móvil a quienes contaban con 30 años de aportes; lo que no resulta un dato menor siendo que la administración kirchnerista vetó la aplicación del 82% móvil, situación que se vuelve a repetir con la derogación de la normativa actualmente vigente”.
Consideran que “en cuanto a los juicios del sistema, debemos señalar que gracias a la Ley Nacional N° 27.260 que estableció la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que incluyó a personas que hubieran iniciado juicio, con o sin sentencia firme, y también aquellos que no lo hubieran hecho, por la desactualización de sus haberes, los nuevos juicios se redujeron en un 58% en el año 2016 y se aumentó en más de un 700% el pago de las sentencias judiciales”.
Recuerdan que “estos cambios se tradujeron en unas 553.000 personas que dejaron de percibir el haber mínimo. De hecho, si vamos a los números duros, nos encontramos con que los beneficiarios de haberes previsionales que perciben la mínima, se redujeron desde el 54,4%, en diciembre del 2015, hasta el 42,1% en noviembre del 2019 y alertan que “cabe destacar que estos beneficiarios perderán con la inflación y se acercaran nuevamente a valores mínimos de sus haberes”.
Por último, afirman que “la derogación de las leyes actualmente vigentes no sólo se transforman en un ajuste inmediato sobre nuestros adultos mayores, sino que no asegura el sostenimiento del poder adquisitivo al comenzar a validar aumentos vía el uso de decretos del Poder Ejecutivo Nacional como se señala en el Artículo 52 del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo que torna al sistema sumamente discrecional y poco previsible”.
