El bloque de concejales de Juntos por el Cambio Junín el jueves al mediodía, presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante exprese el rechazo a la Reforma Judicial planteada en el Congreso Nacional.
En el escrito, los ediles manifiestan que desean que en la Reforma Judicial “se contemple la opinión de todos los espacios políticos representados en el Congreso de la Nación, de especialistas en la materia judicial, Colegios de abogados y de magistrados, que respete y asegure la independencia del Poder Judicial, que asegure el estado de derecho y la división de poderes establecido en la Constitución Nacional y que no permita que la impunidad de los delincuentes asegurada desde cualquier poder político circunstancial”.
Al respecto, la concejal Graciela Blaiotta esgrimió que “esto es un atentado contra la República. Para realizar esta reforma la Justicia Federal debe tener razones suficientes, evitar jueces politizados, juicios lentos, corrupción, privilegios corporativos, resolver emergencia edilicia y tecnológica. Este proyecto que está en breve análisis no viene a solucionar esos problemas, sino los agrava”.
Luego afirmó que “el Poder Judicial tiene la función de ser el encargado de juzgar los casos concretos sometidos a su examen y controlar a los demás poderes del Estado. Jamás puede recibir directivas de los demás poderes acerca de cómo deberán ser sus decisiones, o bien hallarse indirectamente compelidos o determinados a dilucidar una cuestión en sentido direccionado, por amenazas latentes de perder sus cargos ante una decisión adversa a uno de los demás poderes” y enfatizó que “el principio de separación es un presupuesto necesario pero insuficiente para garantizar la independencia de los poderes. La independencia requiere que el poder judicial ejerza el gobierno sobre sí mismo”.
Por su parte, el concejal Marcelo García manifestó que “la Reforma Judicial no se puede hacer en medio de una pandemia. No es prioridad en este momento de la Argentina» y subrayó que «la Reforma Judicial más que seguridad jurídica estaría permitiendo toda clase de inseguridades y ante todo avasallar las garantías constitucionales, sobre todo de ciertos sectores que se aseguran la impunidad. Esta reforma se debe hacer en otro tipo de tiempo y con mayores consensos, donde no sean sólo atribuciones de factores de poder o de tratar de sostener el poder y la impunidad».
