En la mañana de este miércoles los concejales de Juntos por el Cambio ingresaron al Concejo Deliberante de Junín un proyecto de resolución donde manifiestan su “preocupación y repudio a la liberación masiva de personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia del Covid-19, ordenada por la Justicia y auspiciada por autoridades nacionales y/o provinciales”.
Denuncian “el incumplimiento a la Constitución Nacional y la Ley Nº 27.372 y su Decreto Reglamentario Nº 421/18 – Ley de Víctimas –“ frente a las decisiones y acciones de liberación masiva de presos.
Según el escrito, esta acción se enmarca en “la reciente excarcelación y liberación de presos y detenidos que, bajo el argumento sanitario de la pandemia del Covid-19, fue ordenada por la Justicia de Ejecución Penal y/o Provinciales, en nuestro país, considerando que dicha decisión ha causado profunda alarma y preocupación a la sociedad” y especifican que esta determinación “ahonda el desasosiego de las víctimas de los delincuentes favorecidos, no sólo por el temor que su liberación produce, sino por el desamparo ante incumplimiento del Estado a la Ley de Víctimas, donde los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de proceder a conceder la liberación y/o prisión domiciliario”.
También expresan que “dicha medida también es motivo de zozobra para los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario, personal policial y/o gendarmería, quienes en el cumplimiento de su deber fueron quienes detuvieron y custodiaron a quienes infringieron la ley, muchos de ellos juzgados por delitos de extrema gravedad y/o considerados reos de alta peligrosidad”.
Además agregan que “no debe dejarse de advertir, la alta reincidencia que existe de presos liberados, donde se lamentaron casos de nuevos y aberrantes delitos. En este caso, la decisión adoptada coloca en riesgo a toda la sociedad de poder ser eventuales nuevas víctimas, ya que desde los Poderes Ejecutivos han avisado que no cuentan con elementos ni recursos para controlar a quienes liberan en contexto del Covid-19”.
Alertan que “resulta altamente preocupante la posición por el Poder Ejecutivo Nacional, atento que por un lado genera todos los protocolos epidemiológicos para abordar la pandemia en el ámbito carcelario federal y que van a perseguir a los jueces que no cumplan con la Ley de Víctimas, pero por otro, avalan la estrategia que auspician funcionarios y ciertas organizaciones de derechos humanos (CELS, Comisión por la Memoria, entre otros), que propician libertades masivas y prisiones para jueces que no las concedan.
En el artículo 5, manifiestan su preocupación “respecto de las personas víctimas de violencia de género, quienes frente a decisión adoptada de liberar a personas detenidas en el marco de Covid-19, muchas de ellas se ven expuestas a convivir con sus victimarios, exponiéndolas desde el mismo Estado a su indefensión y desprotección”.
Este documento será remitido por copia al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación a fin de que tome conocimiento de la misma y pueda actuar e intervenir en protección de las víctimas de violencia de género frente a la liberación de sus victimarios. También será enviado al Poder Ejecutivo de la Nación y Provincia de Buenos Aires, Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación y Provincia de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación y Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Sres Procuradores de la Nación y Provincia de Buenos Aires, a fin de que tomen conocimiento de la misma y resuelvan respecto del efectivo cumplimiento de la Ley Nº 27.372 y su Decreto Reglamentario Nº 421/18 y Constitución Nacional, frente a las decisiones y acciones de liberación masiva de personas privadas de su libertad, bajo el argumento de la pandemia del Covid-19.
REINCIDENCIA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y NULO CONTROL
Javier Prandi, jefe de bloque de Juntos por el Cambio expresó que “vemos con preocupación que no se tiene en cuenta la Ley de Víctimas dónde debe escucharse y notificarse a las víctimas antes de proceder a la liberación, ya que se puede dar el caso de que un liberado este pueda vivir en cercanía de los que fueron víctimas teniendo también en cuenta que la alta residencia que sabemos que tienen este tipo de conductas, poniendo en riesgo a toda la sociedad”.
Prandi agregó que “dicho por los propios integrantes de Ejecutivo Provincial, no tenemos los mecanismos necesarios para monitorear a los liberados y también entendemos que el propio Estado Provincial es quien debe darle un sistema de contención el sistema carcelario y no buscar por medio de la liberación sacarse un compromiso de encima”.
En tanto, la concejal Melina Fiel, principal impulsora del proyecto, destacó que “el silencio también habla de complicidad. Por eso como legisladores y con la responsabilidad que eso requiere repudiamos la liberación masiva de presos en nuestro país. Las victimas no pueden convivir con el miedo de que sus agresores encuentren la pronta libertad. violando la ley de víctimas. Principalmente aquellas mujeres que se las obliga a convivir con su abusador nuevamente”.
“El presidente Alberto Fernández ratifica la liberación indiscriminada de los presos, generando una indebida presión sobre la Justicia. La prioridad en los derechos no debe correr el foco en lo que realmente debemos cuidar y defender . Que no nos distraigan con falsos relatos. Nosotros exigimos que se defiendan los derechos de toda la población”, puntualizó Fiel.
