El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostuvo hoy que la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil es un tema «interesante» que hay que «examinar», pero pidió para ello un debate «desapasionado».
De visita en la ciudad de Junin, donde mantuvo una reunión con el intendente Pablo Petrecca y también con fiscal general de ese departamento, Juan Manuel Mastrorilli, Conte Grand se refirió a la propuesta para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo cual generó polémica entre el Gobierno y sectores de la oposición.
El procurador alentó el debate, al señalar que se trata de «un tema a examinar» y agregó: «Me parece que es interesante».
Si bien reconoció que «no hay una relación directa en la baja de la imputabilidad con la reducción en la participación de los menores en los delitos», consideró que «es un elemento más a considerar en el contexto de la necesidad de analizar todo lo atinente a la seguridad».
«En cuanto a menores, el tema tuvo evolución en los últimos años tanto en la competencia de los menores y la capacidad en cuanto a lo civil y comercial, como en lo penal, es un tema de agenda y debe ser analizado desapasionadamente, con la participación de los expertos y todas las áreas involucradas y eventualmente tomar alguna decisión en el sentido al que finalmente se arribe, después de analizarlo seriamente», apuntó.
Sobre los Institutos de Menores, el jefe de los fiscales y defensores oficiales bonaerense consideró que deben transformarse «en un ámbito de recuperación de los menores y de contención», y advirtió que «hay una relación muy estrecha entre la comisión de un delito y la pérdida de contención afectiva».
«Por supuesto que hay también una matriz violenta en quienes delinquen pero todo esto debe ser examinado dentro de un contexto de protección de los derechos humanos. La clave es la tutela de los derechos humanos y los menores son un segmento de la población que requieren esa protección», insistió.
Finalmente, Conte Grand advirtió que «cualquier modificación que se haga en el sistema penal, debe estar considerando el interés de la sociedad pero también, y fundamentalmente, el interés de los menores y los derechos humanos».
«La protección de la seguridad en el ambiente público es un objetivo del Estado y me consta que el Estado provincial está trabajando mucho en esto. Desde el Ministerio Público vamos a colaborar en esta tarea para poder avanzar en mayores niveles de seguridad y mejorar la calidad de vida de las personas», completó.
