Una fuerte preocupación se despertó entre los intendentes del interior y las cooperativas eléctricas bonaerenses tras el anuncio del Gobierno provincial sobre la prohibición de cobrar tasas que no estén estrictamente vinculadas con el servicio en cuestión.
«La verdad es que nos ha tomado con sorpresa y muchísima preocupación. Es una medida que impacta muy fuerte a las cooperativas. Lo primero que vamos a hacer es pedir una prórroga para ver cómo nos acomodamos y si hacemos una presentación», le dijo a DIB Nicolás Ambrosius, presidente de la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba).
Ayer, tal como informó esta agencia, el Gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial la resolución 167/18 del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (Oceba). La misma supone un duro golpe a las finanzas de las comunas que utilizan las boletas de luz para cobrar conceptos no relacionados con el servicio, como tasas por seguridad, educación, o transporte público. Además, afectará a las cooperativas que en muchas ciudades del interior brindan servicios de sepelios y ambulancias, o que promueven pagos voluntarios para fines sociales.
«Las cooperativas tienen sistemas que ayudan a instituciones y a clubes con pagos voluntarios. Asimismo se prestan servicios como sepelios o enfermería. Lo que estábamos previendo es que iba a haber un reajuste, pero no que se iba a sacar todo de la factura. Se están metiendo un poco con la vía interna de las instituciones», sostuvo Ambrosius.
En tanto, Omar Malondra, titular de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice) también mostró su descontento por la situación. «En principio, de una lectura básica, se desprende que conspira contra los servicios sociales que solucionan problemas en las comunidades del interior», dijo.
Malondra advirtió que aún hay que «analizar» la resolución y ver el alcance que tiene. Sin embargo, se mostró alarmado y adelantó que los servicios que prestan las cooperativas «por ausencia del estado» se «van a caer todos». «Yo creo que lo que están buscando es una excusa para justificar lo injustificable. La gobernadora (María Eugenia Vidal) le sacó un 15% a la boleta y antes la habían aumentado un 700%. El aumento es tan grande que no lo tapás con nada», apuntó.
Tanto desde Conaice como de Apeba señalaron que en los próximos días realizarán reuniones en el sector para sentar posiciones y que luego, de acuerdo a cómo avance el conflicto, podrían concretar gestiones para con el Gobierno bonaerense.
Los intendentes se plantan
Entre los intendentes, la medida causó similares reacciones. Desde la oposición, el jefe comunal kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco «Paco» Durañona, presentó un recurso de amparo para «preservar la integridad de los derechos y garantías del municipio» ante una resolución que considera «intempestiva».
Según Durañona, al Gobierno «le interesa más garantizar la rentabilidad de un puñado de empresarios amigos que manejan la electricidad y el gas, que el sustento de más de 2.000 Municipios, ciudades y pueblos del país, donde viven las familias argentinas, Pymes y productores».
Asimismo, el intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, apuntó contra el oficialismo antes de recorrer obras con Vidal en su distrito. «Si siguen desfinanciando a los municipios, van a destruir una herramienta que es mucho más eficiente que la Nación y la Provincia. Hacemos más, más rápido, mejor y con menos dinero», aseguró.
Entre otros, también salieron a criticar la resolución el mandamás de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, y el de Laprida, Alfredo Fisher.
