Tras una extensa investigación liderada por la UFI 6 y la DDI Junín, cuatro personas —incluida una mujer— enfrentarán juicio oral por el robo en banda a una vivienda del barrio Costa Verde. La víctima, un hombre de 96 años, fue atado por los delincuentes que se hicieron pasar por trabajadores. El caso expone además falencias en el control de prisiones domiciliarias.
Cuatro delincuentes a juicio oral por el robo en una casa del Costa Verde en agosto de 2024
El robo ocurrido el 5 de agosto de 2024 en una casa del barrio cerrado Costa Verde, donde un hombre de 96 años fue sorprendido y atado por delincuentes que fingieron ser trabajadores, ya tiene a cuatro imputados que enfrentarán el juicio oral. La causa fue desdoblada por la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI 6, y contó con la intervención de la DDI Junín.
La modalidad empleada —robo en poblado y en banda—, así como la planificación, quedaron en evidencia a partir del análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar un vehículo Peugeot 301 gris, dominio AC 983 KU, que habría sido utilizado para escapar hacia el AMBA.
Once días después del hecho, la Policía de la Ciudad, junto a personal de la DDI, logró interceptar el auto en General Paz, conducido por un joven de 21 años y su pareja de 16, ambos familiares de los miembros centrales de la banda. Con intervención judicial, se realizó un allanamiento en Villa Maipú (San Martín) que culminó con la detención de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.
Durante los procedimientos se secuestraron elementos clave para la causa: cuatro computadoras, once celulares, dos pistolas Bersa calibre 22, una escopeta, proyectiles, un handy con inhibidor de señal, guantes de látex, un DVR y dos vehículos Peugeot (301 y 408).
El próximo paso será la aceptación formal de la elevación a juicio oral por parte del Juzgado de Garantías, actualmente a cargo del Dr. Marcos Cornaglia, para luego fijar fecha de debate en el Tribunal Oral Criminal N° 1 del Departamento Judicial Junín.
En paralelo, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de una prisión domiciliaria otorgada a una de las personas imputadas. La misma fue localizada en San Isidro, lejos del domicilio declarado, lo que puso de manifiesto nuevamente la falta de control del Patronato de Liberados, organismo que debe garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.
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