“El municipio, así como está, es inviable”. La sentencia pertenece a Hernán Mourelle, secretario de Hacienda de Mar del Plata, momentos previos a la reunión en la que se decidió tomar medidas drásticas. La primera de ellas y tal vez la más polémica, fue la de suspender el sueldo de 26 integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales. La batalla entre los trabajadores municipales de Mar del Plata y el Poder Ejecutivo pareciera recrudecer a cada paso.
El intendente Carlos Arroyo aseguró que el atraso en el pago de los salarios se debió a la falta de coordinación entre el Palacio Municipal y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el día del empleado bancario entrometiéndose en los planes. La explicación, no obstante, no es del todo cierta. El conflicto esconde una problemática de fondo: el municipio está en una gravísima situación económica y financiera. 36 horas después de vencido el plazo anunciado por el mismo Ejecutivo, el dinero no se había depositado. Los salarios se depositaron el miércoles al mediodía, cuando la situación se había tornado insostenible.
En Mar del Plata se esperan más conflictos. Al gremio de los Guardavidas ya le anticiparon que no habrá un solo centavo de aumento. Néstor Nardone, referente del sindicato, estaría esperando el momento ideal para llevar adelante el paro total: El pico más álgido de la temporada de verano. Si no llega un aumento, aseguran los sindicalistas, tendremos la impactante imagen de las playas sin guardavidas –y por ende, vacías- en pleno enero.
Esta situación se traslada como un calco a otros municipios de la provincia de Buenos Aires, a quienes les resulta inviable el pago de salarios y, mucho más aun, el aumento correspondiente al 2018. Walter Festa, intendente de Moreno, ya lleva pedidos tres salvatajes económicos al gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder pagar los sueldos. Incluso, llegó a convocar una movilización a la gobernación para reclamarle más dinero a María Eugenia Vidal.
En Olavarría; Madariaga; Carlos Tejedor; Trenque Lauquen; General Lavalle, Ayacucho y Junín, entre otras localidades del noroeste bonaerense, las inundaciones y la crisis hídrica ha dejado a las administraciones municipales de rodillas, rogando exenciones impositivas y créditos blandos. En Olavarría, puntualmente, la calera Cefas quebró y dejó a 56 empleados en la calle. Lo mismo ocurre en la empresa especializada en cilindros de GNC, Cidegas, que ya anunció que no puede pagar los salarios.
En Coronel Suárez, los empleados municipales pidieron un 30 por ciento de aumento en concepto de actualización de salarios que, acorde a sus estadísticas, se encuentran severamente atrasados. El municipio, ahogado económicamente, les retrucó un 5 por ciento. La abismal diferencia entre una postura y la otra provocó que el gremio de municipales se declare en “estado de alerta y movilización”.
El mismo escenario se repite, una y otra vez hasta el hartazgo, en una preocupante cantidad de municipios de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense ha tomado nota de esto, pero aun no pareciera existir una forma clara de combatir esta crisis, que parecía agravarse con cada avance de la flexibilización laboral propuesta por Hernán Lacunza.
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