Denuncia penal a funcionarios, personal de guardia, médicos y de sanidad de la UP 13 por la muerte de un interno

La mujer sostiene en su presentación ante la justicia, que a su marido lo dejaron morir por no prestarle la asistencia que requería, ante un cuadro de salud.

En la denuncia sostiene que Zalazar Sosa “ falleció bajo custodia del Estado» resultando responsables, en particular, “contra el director del establecimiento, el jefe del penal, el personal médico, el servicio de sanidad y personal de guardia que tenía a su cargo la custodia y asistencia del detenido”.

En la denuncia describe que “Manuel se encontraba en la UP 13, durante los días previos a su fallecimiento. Presentó un cuadro de angina (amigdalitis aguda) con fiebre, dolor intenso y síntomas compatibles con infección grave. Esta situación fue comunicada reiteradamente al personal penitenciario y al servicio médico de la unidad”.

Manuel “era persona de alto riesgo, ya que carecía de un pulmón, lo que hacía que cualquier infección respiratoria representara un peligro real e inmediato para su vida. Pese a ello, no fue trasladado a un hospital, no se le realizaron estudios, no se le suministró tratamiento adecuado”.

Más aun, “únicamente e le entregaron dos comprimidos de amoxicilina, sin seguimiento, sin control clínico, y sin internación. Esa conducta fue medicamente inaceptable y jurídicamente delictiva. Como consecuencia directa de esa omisión, Manuel empeoró progresivamente hasta fallecer dentro de la unidad penal”.

Su muerte no fue natural, “esto fue el resultado directo de la falta de asistencia médica oportuna, lo que configura abandono de persona seguido de muerte y homicidio por omisión”

Asimismo “las autoridades judiciales y los defensores públicos no le brindaron representación y protección judicial adecuada frente al riesgo real e inminente, siendo incontables los pedidos que les hacía, por el malestar generalizado que venía padeciendo. Por lo tanto son y hago penalmente responsables al Director de la UP 13, al jefe del Penal, al servicio médico y sanidad y al personal penitenciario de guardia”.

En el marco de la imputación, sostiene que “todo funcionario que, conociendo el estado de salud del detenido, no ordenó su traslado ni brindó asistencia médica adecuada” incurre en una “conducta encuadra en abandono de persona seguido de muerte, homicidio culposo por omisión, violación de los deberes de funcionario público”.

Junto a la presentación judicial, solicitan que se realice una “autopsia judicial completa, secuestro de historia clínica, registros de sanidad, libros de guardia, registros de pedidos de asistencia, identificación de todo el personal que estuvo de turno y las cámaras de seguridad del sector”.

Aylén Serena Lino Díaz, en contacto con nuestra Redacción, aspira a que “todo Junín y alrededores sepan qué le sucedió a mi pareja. Me lo entregaron en una bolsa” y murió “por negligencia y abandono”.