Efectivo policial imputado en graves hechos, con arresto domiciliario y tobillera

Como se advierte claramente las calificaciones que pesan sobre un juninense en dos causas llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal, resultan graves.

Mucho más si se tiene en cuenta que el imputado es un efectivo policial que, llamativamente, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y control con tobillera electrónica.

La primera de las causas, por violencia de género, se encuentra en etapa de definición teniendo en cuenta que el viernes último el funcionario policial se presentó ante el Juzgado Correccional en el que se iban a ventilar los hechos y se espera ahora una definición de la justicia.

La segunda surge a partir de un grave incidente que tuvo lugar el 6 de diciembre último, en inmediaciones de las calles Tassara y Canavesio.

Según se habría acreditado en la causa, el efectivo policial – fuera de su horario de servicio-, armado con una escopeta, junto a un segundo sujeto, ingresaron en la vivienda de un hombre.

Ya en el interior, el funcionario policial haciendo uso del arma, disparó contra el morador al que le ocasionó una herida en una de sus piernas.

Luego se iba a determinar que la víctima tenía un impacto de bala en la pierna derecha, a la altura del muslo, en cara interna.
No conformes con ello, arrojaron combustible con la intención de prender fuego la vivienda.

Poco después se iba a dar una situación similar –en una segunda vivienda, en la que también esparcieron un acelerante para provocar el inicio del fuego.

A partir de los hechos, fue personal policial –compañeros del ahora imputado- quien lo terminó aprehendiendo para ponerlo a disposición de la justicia.

Sus mismos pares debieron luego realizar aquella jornada un allanamiento en la urgencia donde además, según trascendió, secuestraron estupefacientes.

Se estima que el joven efectivo policial habría sido pasado a disponibilidad hasta que se resuelvan las causas penales en las que se encuentra imputado.

Lo que no deja de llamar la atención es que por tratarse de un funcionario público la justicia haya resuelto, en menos de tres meses, concederle arresto domiciliario.