El preso asesinado durante una protesta en la unidad 23 de Florencio Varela tenía al menos tres disparos con balas de plomo en su cuerpo y no murió a facazos como habían informado las autoridades, según reveló recientemente la autopsia al cuero de la víctima.
Por el hecho, el Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) dispuso el relevo de la cúpula de la unidad 42 y entregó a la Justicia las escopetas utilizadas en la represión, para identificar a los autores del crimen.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el resultado de la autopsia realizada a Federico Rey reveló que el cuerpo tenía al menos tres bala de plomo. El organismo de Derechos Humanos indicó además que las autoridades del penal intentaron encubrir el hecho como si hubiera sido una pelea entre internos.
Federico fue asesinado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, con balas de plomo. Luego las autoridades penitenciarias construyeron y difundieron la versión de la pelea entre detenidos para garantizarse la impunidad.— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 24, 2020
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Lejos de intentar el diálogo, el SPB comenzó a reprimir de manera brutal. En el marco de esta represión Federico fue asesinado producto de al menos una bala de plomo. Además sufrió varias heridas de postas de goma disparadas a corta distancia.— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 24, 2020
En tanto, la jefatura del Servicio Penitenciaros bonaerense dispuso el relevo del director de la cárcel, tres subdirectores y el Jefe de la Sección Vigilancia y Tratamiento, e inició un sumario administrativo en el que “se determinará las responsabilidades de los agentes que participaron” de la represión que terminó con la vida de Rey.
La CPM denunció que tras el hecho, “para garantizar la impunidad las autoridades penitenciarias construyeron y difundieron la versión de la riña entre presos, responsabilizando del hecho a otros detenidos”.
En ese marco, el organismo solicitó al ministro de Justicia que “se ponga en marcha un profundo proceso de democratización de la fuerza, se sancione con la exoneración a los responsables directos del hecho y a las autoridades penitenciarias responsables. También se presentó en la justicia como particular damnificado y patrocinará a la familia de la víctima”.
El crimen
Según narró la CPM, el motín en la cárcel se originó luego de que se viralizara un audio en el que supuestamente un médico de la unidad indicaba que tras la detección del primer caso de coronavirus muchos más detenidos “se iban a contagiar y a morir”. Esto provocó el reclamo de dos detenidos alojados en el pabellón de máxima seguridad quienes se subieron al techo de un pabellón.
Al reclamo se sumaron otros internos luego de que los pirmeros dos fueran retirados por la fuerza por los agentes penitenciarios. Fue en ese marco que, en medio de la represión desatada, un agente no identificado disparó a Rey con una escopeta que tenía balas de plomo, lo que produjo la muerte del interno.
El cuerpo de la víctima permaneció varias horas en el techo del penal, y desde el SPB se difundió la noticia de que había muerto a raíz de una pelea con facas de la que habían participado otros internos. Sin embargo, la autopsia concluyó que al menos tenía una bala de plata alojada en el cuerpo, y que el proyectil le provocó la herida mortal.
La muerte de Rey derivó en otro motín, que esta vez fue mitigado tras la intervención de la Comisión por la Memoria.
Tras el hecho, desde el Servicio Penitenciario indicaron que “se puso a disposición de la fiscalía que investiga el homicidio todas las escopetas utilizadas en el procedimiento y las vainas servidas secuestradas en el establecimiento carcelario”.
“Vamos a avanzar con la investigación hasta las últimas consecuencias. La utilización de proyectiles de plomo no está permitida dentro de las cárceles. Se utiliza en la seguridad perimetral, solo en casos extremos y para repeler agresiones externas”, afirmó el titular del SPB, Xavier Areses.
UN CONFLICTO QUE DEBILITA AL FRENTE DE TODOS
El conflicto en las cárceles y la imposibilidad manifiesta de solucionarlo agravado por el traslado de internos desde unidades ubicadas en ciudades con circulación social del Coronavirus, viene poniendo en jaque al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires pero además demuestra una especie de «negacionismo» dentro del Frente de Todos.
Si bien desde la Comisión Provincial de la Memoria se viene alertando y sus integrantes manifiestan preocupación por lo que está sucediendo en el sistema carcelario bonaerense, en Junín, militantes de derechos humanos mantienen silencio en torno al tema o, en el caso de publicaciones periodisticas y digitales afines, minimizan, niegan o hasta tienden a buscarle un tinte conspiracionista a las preocupaciones manifestadas a través de videos de los mismos internos que otrora defendían. Inclusive ni siquiera han tenido pronunciamiento sobre el dictamen judicial del juez de Ejecución Penal doctor Galeano de Junín, que ordenó al gobierno provincial del Frente de Todos terminar con el traslado de los internos desde otras unidades penales al complejo penitenciario ubicado en nuestra ciudad.
Los concejales del Frente de Todos y legisladores han mantenido silencio al respecto, Solamente se han pronunciado los ediles de Juntos por el Cambio, funcionarios del gobierno municipal, el senador Juan Fiorini y la diputada provincial Laura Ricchini.
Preocupante que en el arco político juninense y de los derechos humanos no haya unanimidad de criterios para exresarse en el tema, aun cuando el gobierno que lo tome sea del mismo signo político. En su momento el intendente Pablo Petrecca cuando tuvo que decir no a la posibilidad de instalación de otra cárcel en la ciudad, lo hizo y lo manifestó a pesar del alineamiento político que tenía con los gobiernos provincial y nacional.
Esto debe ser tenido en cuenta por el Frente de Todos y organismos y militantes de derechos humanos juninenses que pertenecen al espacio político qe hoy gobiernan en provincia y nación y no buscar artilugios denunciando supuestas maniobras de prensa cuando en realidad no las hay: Solo está la preocupación y la inquietud de inernos, agentes del servicio penitenciario y de una comunidad toda.
