Según expresa en un comunicado el SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines), «hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto para la constitución de la Sociedad «Corredores Viales S.A.» con la totalidad accionaria a cargo del Ministerio de Transporte de La Nación (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).
Esta sociedad anónima tiene como objetivo, según sus considerandos, asegurar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios a través de las concesiones de la red nacional de caminos, rutas y autopistas. Es decir, mediante este decreto, el Estado “esquiva” la necesidad de realizar licitaciones de las concesiones viales.
Tal como lo señalamos oportunamente en nuestros comunicados sobre el futuro de los Corredores Viales Nacionales hace más de un mes, el Estatuto Social de «Corredores Viales S.A.» en su artículo 4to, al igual que la ley de Participación Público Privada (PPP), también habilita el ingreso de socios privados «La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros , la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. El objeto también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “Áreas de servicio”, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social».
Según la Ley de PPP en su artículo 9° inciso t): “La facultad de ceder, total o parcialmente el contrato a un tercero, siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra”. De esta manera el Estado confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas
También esta Sociedad Anónima allana el camino a contrataciones al margen de las regulaciones previstas para el Estado y que Macri debería respetar si hiciera las obras a través de Vialidad Nacional: «Establécese expresamente que no resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias» (Artículo 4º del decreto).
Como ya lo expresamos respecto de las PPP y se aplica también a este decreto, los contratos de concesión anteriores eran propuestos por el sector privado y se autofinanciaban. Con este decreto y con la ley se modifica sustancialmente esta operatoria: el Estado es quien se endeuda sin control ni autorización del Poder Legislativo y queda sin defensas por ser garante de préstamos o créditos externos para proyectos privados. Citamos el título II del Estatuto Social: «la Sociedad tiene capacidad para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de bonos y/o títulos y/o debentures y/u obligaciones negociables y contraer cualquier deuda y obligación, en moneda local o extranjera vinculada con el objeto social con garantía del Estado Nacional de acuerdo a los artículos 5°, 7° y 9° de la Ley Nº 17.520 y en general ejecutar todo acto destinado a obtener financiamiento. Podrá suscribir convenios con empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras».
En los comunicados emitidos hace más de un mes cuando surgió la noticia de la licitación de los Corredores Viales Nacionales, manifestamos que hemos sido los primeros en denunciar el mal estado de la infraestructura de las rutas y los accesos y entendemos la necesidad de las obras, pero siempre priorizando las fuentes de trabajo.
La ejecución de los proyectos de rutas seguras, sea a través de la Participación Pública Privada o a través de una Sociedad Anónima constituida por el Estado Nacional, deberá asegurar la continuidad de nuestros trabajadores.
Confíamos en que las autoridades del Ministerio de Transporte y de Vialidad Nacional, con quienes hemos integrado una mesa para definir el futuro de estos corredores, continúen trabajando en conjunto con nuestra Organización.
La Argentina del futuro, la que todos anhelamos y esperamos, debe sentar sus bases sobre el trabajo genuino de sus habitantes», finaliza.
