Los defensores públicos de la provincia de Buenos Aires tendrán mayor autonomía y, al mismo tiempo, mayor acceso a herramientas de prueba, que los equipararán con las que disponen ya los fiscales, aunque les pedirán “prudencia” para utilizarlas.
Las novedades fueron confirmadas por el Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, quien precisó que las novedades estarán contenidas en el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, que está en elaboración.
“La mayor autonomía llegará de modo gradual, en principio abarcará ítems de administración económica” pero también “facultades disciplinarias”, esto último en línea con jurisprudencia que objetó decisiones de la predecesora de Conte Grand, María del Carmen Falbo.
En tanto, los defensores tendrán mayores herramientas técnicas para desarrollar su trabajo, entre ellas de computación, de telefonía, de relevamiento de las huellas dactilares, que usualmente están disponibles con más facilidad para los fiscales.
Pero a la vez que se avanzará en esa equiparación, dijo Conte Grand, “pediré que se usen con equilibrio”, para no “generar un uso de las medidas de prueba que se vuelva obstructivo” y demore las causas al infinito.
Conte Grand también confirmó que uno de los objetivos es establecer mecanismos de capacitación permanentes y obligatorios, y consolidar instrumentos con los que la defensa debe contar necesariamente para poder cumplir su rol», añadió Conte Grand.
«Creemos fervientemente en la existencia de un Ministerio Público que sea único pero que respete las diversidades de los distintos roles que hay en el proceso penal y lo que técnicamente se conoce como la «igualdad de armas», es decir otorgarle instrumentos a la defensa para que pueda desarrollar sus tareas adecuada y eficientemente», dijo el Procurador.
