La Dirección General de Cultura de Educación bonaerense (DGCyE) estableció un protocolo de actuación que deben cumplir las autoridades de las escuelas y distintos funcionarios provinciales cuando se registran situaciones delictivas en los establecimientos educativos.
La guía de actuación surge tras algunos casos resonantes denunciados en la última semana: como la escuela platense que se mantuvo cerrada por agresión verbal a un docente o las amenazas de bomba que se registraron en los colegios a los que concurren los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal (en Castelar) y los del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.
Según explicaron desde la cartera educativa, el objetivo del protocolo es que la DGCyE tenga un rol activo ante este tipo de hechos y pueda ser admitida por la Justicia como particular damnificado, para poder colaborar con la investigación que se realice.
El escrito divulgado por la dependencia que comanda Gabriel Sánchez Zinny cuenta con nueve artículos que se deberán cumplir en cualquier establecimiento en que se den “situaciones de conflicto o riesgos grave”, según contemplan los puntos 4 y 7 del artículo 115 del decreto 2299/11. Se trata de “situaciones de vulneración de derechos de alumnos” y “delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella”.
El protocolo determina que las autoridades educativas que tomen conocimiento de un hecho conflictivo deberán radicar la denuncia en la fiscalía de turno y tendrán que informar sobre el suceso al “Inspector de Enseñanza, quien trasladará la información a la Jefatura de Distrito y ésta a la Jefatura de Región correspondiente”.
El traslado de información continúa con el aviso al delegado de la Dirección de Legal y Técnica Educativa, por parte de la Jefatura regional, quien será el encargado de presentar ante fiscalía un escrito para informar que la DGCyE “se pone a disposición” y “ofrece colaboración en la investigación” para la cual puede solicitar ayuda a “las autoridades escolares e inspectores”.
En tanto, en su artículo final, el protocolo determina que “en caso de determinarse elementos conducentes de la participación de un alumno” en el hecho denunciado “el delegado de Legal y Técnica Educativa notificará al Inspector Jefe Regional a fin de que éste arbitre las medidas disciplinarias” de acuerdo a las normas de cada institución.
Vale recordar que la semana pasada se conoció que en el último mes hubo casi mil amenazas de bomba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, registrándose un alto incremento tras el receso invernal. De todos los hechos el más preocupante fue el del Colegio Nacional de Adrogué, en el partido de Almirante Brown, donde tras un llamado la policía halló una granada MK2 en un cajón de manzanas.
En tanto, otra situación que preocupa a la comunidad educativa es la agresión a profesores. Un caso único se dio recientemente en una escuela de La Plata cuando todos los docentes pidieron licencia después de que el padre de un alumno insultara a un profesor de educación física.
EN NUESTRA CIUDAD
En Junín, la DDI Junín por disposición de la fiscalía federal a cargo del doctor Eduardo Varas, que llevó adelante la investigación de los 68 llamados que sufrieron establecimientos educativos juninenses, hubo seis detenidos, cinco de ellos mujeres, todos adultos de 30 a 60 años de edad.
