Por: Lic. Gustavo Traverso, senador provincial por la cuarta sección de Unidad Ciudadana-FpV.
Analizar el conflicto entre Farmacity y la Provincia de Buenos Aires sin contextualizarlo en la coyuntura política actual sería un error.
El gobierno de MM desde su asunción en diciembre de 2015 ha propiciado una fuerte avanzada de los grupos empresarios (amigos o propios) por la renta en distintos ámbitos de la economía. La disputa por el negocio del medicamento es un ejemplo más de esta forma de vincular el poder político con los negocios.
La provincia de Buenos Aires desde 1987 cuenta con la ley 10.606 de avanzada en términos sanitarios. La misma fue una construcción colectiva que la joven democracia, construyó mirando lo más avanzado de la Legislación Europea (España, Francia, Italia, Reino Unido), donde se considera al servicio farmacéutico como un Servicio Público.
La farmacia como un centro de salud, atendido por un Profesional Farmacéutico de altísima preparación, al medicamento como un bien social.
El objetivo que se trazó a lo largo de estos 31 años fueron: Garantizar la accesibilidad al medicamento y propiciar el uso racional. Hoy podemos decir que tenemos en la Provincia Oficinas
Farmacéuticas racionalmente distribuidas por todos los barrios, localidades y pueblos, con atención los 365 días del año durante las 24 hs.
El grupo Pegasus (Farmacity) y su titular Mario Quintana después de haber recibido todos los fallos adversos en todos los estamentos bonaerenses (ministerios, legislatura, procuración y corte suprema),
apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de pedir la inconstitucionalidad de los Art. 3 y 14 de la ley 10.606.
Fue Mario Quintana en persona quien realizó el lobby sobre el procurador Eduardo Casal y ahora presiona fuerte a los Ministros de la Corte. Sin duda estamos ante un claro conflicto de intereses que pone en riesgo el equilibrio y la independencia de poderes en la Argentina.
Si esto prospera destruye una red que a lo largo de 30 años construyó una política de estado en materia sanitaria. Promovería la concentración monopólica del servicio en grandes centros urbanos y
shopping. Pone al medicamento como un simple bien del mercado sujeta a la libre oferta y demanda. Además de estimular el autoconsumo y la sobre demanda en sus “Farma-shopping”. La salud no es una mercancía, las farmacias constituyen un servicio público y el medicamento es un bien social.
Farmacity instaura el concepto de consumidores, en detrimento del concepto de paciente, tal y como lo contempla la Ley de farmacias vigente. La Gobernadora Vidal mira para el costado, como si se tratara de un tema ajeno siendo que la salud es un tema de las provincias.
Desde Unidad Ciudadana le exigimos a la Gobernadora que se ponga al frente de los intereses de la provincia. Que no permita que los negocios de unos pocos ponga en riesgo la salud de su población.
