El Gobierno formalizó la creación de un grupo de trabajo interministerial que tendrá 90 días de plazo para establecer las políticas de regulación del uso de agroquímicos, en especial en cercanías de zonas pobladas.
La medida había sido anticipada días atrás por los ministros de Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quienes también anunciaron la reglamentación de la ley nacional que obligará a los productores a seguir una serie de procedimientos para reciclar los envases de productos fitorsanitarios, normativa formalizada el martes.
La resolución conjunta 1/2018, publicada ayer en el Boletín Oficial, dispone que «las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o buffer, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados».
Ambas carteras se comprometen a ajustar «sus políticas, programas y proyectos» a los resultados que obtenga el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, creado en la misma resolución.
Los objetivos del grupo de trabajo serán «elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación», además de «formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación» y «los sistemas de control y monitoreo» a esa actividad.
La medida apunta a encontrar un criterio homogéneo en materia de regulación de las aplicaciones de agroquímicos, uno de los temas de mayor debate público entre productores y asociaciones ambientalistas
Actualmente suman 22 las provincias que han dictado leyes o normativas específicas sobre agroquímicos que a la vez se superponen con una gran cantidad de ordenanzas municipales. En este enjambre normativo, hay zonas donde los productores tienen prohibido aplicar insumos químicos en un radio de hasta 2.000 metros alrededor de los pueblos, mientras que en otras están directamente vedadas las fumigaciones aéreas.
