Allanamiento y detención en Junín, en el marco de la causa de espionaje a magistrados, dirigentes políticos, funcionarios de gobierno y ministros, que tramita la Justicia Federal.
Ayer, se concretó en nuestro medio la medida ordenada por el Juez Martínez de Giorgi a solicitud del fiscal Gerardo Pollicita. El involucrado es un ex Policía Federal, Ariel Zanchetta y trascendió que el procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del Barrio Pueblo Nuevo.
EN JUNIN
Según la investigación, Zanchetta habría solicitado información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos de la empresa Sudamericana, un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares. Eso surge de la investigación que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a pedido de Pollicita.
De ese análisis, se comprobó que Zanchetta hizo 2157 pedidos de informes personales de magistrados, funcionarios, dirigentes de distintos partidos políticos y ministros, revelaron las fuentes. Trascendió además, que el ex policía justificaba sus solicitudes en esa base de datos, diciendo ser periodista en busca de información.
En tanto, los otros dos detenidos por orden del juez Martínez de Giorgi, tienen que ver con el capítulo que involucra a los jueces de la Corte Suprema y las líneas que se crearon simulando sus identidades. Una de las sospechosas es una mujer que vive en Posadas: Nelly Soledad Valdés. Desde el mismo IMEI que se activó una de las líneas inventadas a Rosatti, aparece la activación de tres líneas a nombre de la mujer. El otro detenido es Santiago Machado. Al igual que Valdés, vive en Posadas, y también aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.
Las tres personas que ya fueron allanadas y detenidas serán indagadas en el curso de las próximas horas.
LA CAUSA
En la causa se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave, y para sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre con el fin de cometer delitos.
EL MISIONERO
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios, no fue encontrado en un allanamiento, porque estaba en viaje hacia Buenos Aires para ampliar una declaración indagatoria en la justicia porteña. También reconoció, en otra causa, haber participado del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO, Diego Santilli.
LAS INDAGATORIAS
El juez y el fiscal quieren escuchar a los detenidos en indagatoria, tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa. No sólo se busca esclarecer el fin de la maniobra, sino quiénes habrían estado detrás.
Todo se enmarca en la mega causa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py, y líneas “truchas” de ministros de la Corte. En la primera de las causas se comprobó que Nuñes Pinheiro fue el responsable de haber buscado por encargo y previo pago, datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Luego, llevó adelante maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Así, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos y aplicaciones.
Al hacker también le adjudican haber ingresado al celular del diputado del PRO y precandidato a gobernador, Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño. De esa intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de supuestos chats, que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Esas dos investigaciones no forman parte de la mega causa.
La segunda parte de esa investigación nació a fines de marzo pasado, cuando Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre, y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes, se encontró con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti, que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas, dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
