La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha actualizado los montos mínimos a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes
La AFIP elevó el monto a partir del cual los bancos están obligados a informar los movimientos de sus clientes
Esta modificación responde a la necesidad de ajustar los umbrales conforme a la inflación y se actualizará cada seis meses.
Detalles de la Nueva Resolución
La medida modifica la Resolución 4298, que establece las obligaciones de información para las entidades financieras hacia la AFIP. Los cambios específicos son los siguientes:
- Acreditaciones y Extracciones Mensuales:
- El total acumulado de acreditaciones y extracciones mensuales en cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas sueldo, cuentas especiales y de la seguridad social deberá ser reportado cuando alcance los $700.000. Este monto se incrementa desde el anterior tope de $200.000.
- Administradores de Sistemas de Procesamiento de Pagos:
- Los administradores de plataformas de gestión electrónica o digital, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) o billeteras virtuales, deberán informar cuando los ingresos o egresos totales en el mes igualen o superen los $400.000, en comparación con el umbral anterior de $120.000.
Cláusula de Actualización
Según informó la AFIP, ambos regímenes de información incorporarán una cláusula de actualización semestral basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el INDEC. Esta medida garantizará que los umbrales se mantengan adecuados frente a la inflación.
Resumen de los Nuevos Montos
A partir del viernes 24 de mayo, los nuevos montos mínimos para la obligación de informar son:
- Acreditaciones, Extracciones en Efectivo y Saldos Mensuales: El umbral se incrementa de $200.000 a $700.000.
- Consumos de Tarjeta de Débito del Titular y Adicionales: El límite pasa de $120.000 a $400.000.
Estos cambios buscan mejorar la capacidad de monitoreo de la AFIP, asegurando que las obligaciones de información se mantengan alineadas con la realidad económica y financiera del país, y facilitando una mejor fiscalización de los movimientos económicos significativos.